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México

PAN denuncia por espionaje a Elías Beltrán

El encargado de despacho en la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías, fue denunciado ante esa misma dependencia, por la filtración del video tomado en esas instalaciones, en que el aparece el candidato de la coalición «Por México al Frente», Ricardo Anaya, con integrantes de su equipo político y legal.
El vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Federico Döring, calificó el hecho como un acto de «espionaje».

Al dar cuenta de la diligencia, a través de un video divulgado en redes sociales y el canal de videos Youtube, Döring Casar, señaló que el recurso legal se interpuso contra el procurador en funciones y quien resulte responsable, por la filtración del video de la visita de Anaya a la Procuraduría, grabado el 25 de febrero pasado.

Con la PGR a sus espaldas, el congresista indicó que es de conocimiento público que el Ejecutivo Federal realiza actos de espionaje, pero es inaceptable que esa práctica se ponga en marcha sin fundamento legal.

“Este acto es un claro indicio de que la PGR se hace allegar de información de manera ilegal, abusando de los principios del debido proceso y quebrantando los derechos personales de los ciudadanos, tal y como anteriormente lo había hecho a través del malware Pegasus”, refirió.

El congresista indicó que la PGR debe rendir cuentas respecto al uso de sus facultades y capacidades para intervenir de manera ilegal las comunicaciones privadas, lo que violenta no solo el derecho a la privacidad, sino el debido proceso y la imagen de las personas que, en este caso, fueron exhibidas públicamente por la dependencia.

“Queremos saber a cuántos mexicanos están espiando y cómo utiliza esta procuraduría el sistema de circuito cerrado para espiar indebidamente las conversaciones de los ciudadanos con sus abogados”, agregó.

Al hacer referencia a la carta firmada por intelectuales y personajes públicos que se sumaron al llamado al Presidente de la República a “sacar las manos” de las elecciones, el legislador indicó que la ciudadanía está consciente de los hechos, pero son los diputados federales quienes deben ser contrapeso del Ejecutivo Federal.

”No sorprende que nos espíen, no sorprende que nos graben, y en esta ocasión, haciendo eco en la voz de los líderes que piden al gobierno: así no. Los diputados federales debemos hacer lo propio y fiscalizar a las instituciones”, recalcó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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