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Política

PAN hace ‘trampas’ en el Servicio Profesional de Carrera

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El PAN le madrugó al PRI al menos mil plazas para dejar a los suyos en puestos clave del próximo gobierno federal.

Durante el inicio del proceso de revisión de la administración pública que recibirá, el Revolucionario Institucional descubrió convocatorias irregulares en el Servicio Profesional de Carrera.

Se trata de puestos de trabajo de alto nivel y confianza para los titulares de las dependencias federales, entre los que destacan secretarías particulares e integrantes de coordinaciones de asesores de secretarías que, por estar relacionados con el Servicio Profesional, al PRI le serán difíciles de despedir.

Un documento del PRI resalta que tan sólo a partir del primero de julio, día de las elecciones presidenciales, diversas dependencias públicas federales abrieron 596 plazas que están prohibidas en la propia ley, amén de otras 502 que se abrieron en mayo y junio.

Además, la Auditoría Superior de la Federación da cuenta de que seis mil funcionarios han sido designados temporalmente sin ningún tipo de evaluación.

 

PAN busca incrustarse en el gobierno de Peña

Al arrancar el proceso de revisión de la administración pública que recibirá, el PRI detectó que el PAN abrió convocatorias presuntamente irregulares del Servicio Profesional de Carrera para dejar a los suyos en puestos clave del próximo gobierno de Enrique Peña Nieto, al amparo de que al ser plazas de este Servicio, al PRI le será difícil despedirlos.

“En un proceso de alternancia política, no podemos permitir que un sistema desarrollado para preservar derechos de igualdad de oportunidades, movilidad y ascenso con base en méritos en el servicio público, se convierta en la agencia de colocación de simpatizantes políticos y amigos de partido, sin calificación profesional que buscan refugiarse en el Presupuesto para sobrevivir una derrota electoral y el cambio de administración”, destaca el documento de análisis del PRI.

Y es que a partir del 1 de julio diversas dependencias públicas federales abrieron plazas del Servicio Profesional de Carrera que están prohibidas en la propia ley, por considerar que son de alta confianza para los titulares de las dependencias, como son los casos de una secretaría particular en la Secretaría de Economía y diversos asesores de secretarías de Estado.

“Lo que más llama la atención es que un total de 596 plazas han sido puestas en concurso sólo en las cuatro semanas posteriores a la elección para la renovación de la Presidencia de la República.

“Mientras en el pasado mes de mayo se publicaron 207 convocatorias, para junio ascendieron a 295, y en julio han sido publicadas casi 600. Es por demás evidente que pasada la elección presidencial, se ha acelerado el proceso de ocupación de cargos medios y altos en el gobierno federal, con el indudable propósito de ocupar rápidamente el mayor número posible de plazas”, añade el documento.

Sostiene que el análisis de la evaluación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de los informes anuales de la Secretaría de la Función Pública, junto con las convocatorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación, permite observar que existen “situaciones poco claras y que parecen relacionarse con el propósito de favorecer a funcionarios que ocupan temporalmente el puesto que se concursa”.

Detalla que las convocatorias muestran que se han sometido a concurso “puestos expresamente prohibidos por la Ley del Servicio Profesional de Carrera, en su artículo 7, relacionados con los llamados Gabinetes de apoyo, integrados por ‘… las secretarías particulares, coordinaciones de asesores, coordinaciones de comunicación social y servicios de apoyo, de cualquier nivel”.

Tan sólo en los meses de abril y mayo, precisa el análisis del PRI, “se concursaron más de 20 plazas de asesores adscritos a coordinaciones de asesores de secretarías de Estado y el 18 de julio fue puesto a concurso público la plaza de secretario particular del subsecretario de Economía”.

El PRI llama la atención en que el análisis de la ASF sobre el programa de Servicio Profesional de Carrera permite ver que “mientras la tasa de renovación anual de plazas es de 17.9%, las de mandos altos, de directores generales y directores generales adjuntos, ha alcanzado un nivel de 70.1%, lo que indica que estas designaciones se hacen con criterios distintos al de la evaluación del resto del personal.

“Se observa que seis mil 16 funcionarios han sido designados con carácter temporal en los puestos que ocupan, sin ningún tipo de evaluación o examen, valiéndose de ellos del artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el cual prevé designaciones de este tipo.”

Dicho ordenamiento señala que “en casos epcionales y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes”.

 

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Dinero

Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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