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PAN va por desafuero de Mario Delgado, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum por colapso en Línea 12

El Partido Acción Nacional (PAN) solicitará el desafuero de Marcelo Ebrard Casaubón, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado luego del desplome que ocurrió la noche del lunes en la línea 12 del Metro.

El dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza, exigió a los funcionarios renunciar a sus cargos para que no actúen como juez y parte y puedan ser investigados por las irregularidades que se han señalados en la planeación, construcción y mantenimiento de la línea.

“Para que haya una investigación justa e imparcial, así como plena independencia, es necesario que se separen del cargo Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y de igual modo se debe investigar a Mario Delgado, quien era secretario de Finanzas durante el gobierno de Ebrard”, dijo.

Cortés Mendoza insistió en que, si los funcionarios se niegan a renunciar, el PAN “demandará justicia por todas las vías legales” y afirmó que de no dejar sus cargos “se verá una clara protección del presidente de la República”.

“En esta tragedia no tienen que investigar mucho: Marcelo Ebrard y Mario Delgado pagaron un sobrecosto multimillonario y recibieron una mala obra. Claudia Sheinbaum no le dio mantenimiento. La negligencia criminal del gobierno, su austeridad y la corrupción están costando vidas”, señaló.

Además, recordó que durante el gobierno morenista el Metro chocó, se quemó el centro de control y se desplomó la línea 12, “sin que se haya tocado a la directora del Metro”, por lo que exigió también la renuncia de Florencia Serranía Soto.

“Los responsables de la muerte de 25 personas deben pagar ante la justicia y se debe indemnizar a las víctimas”, dijo, y pidió a las autoridades capitalinas enviar a los mejores hospitales a los lesionados, que acompañen a los familiares de los fallecidos y paguen los gastos funerarios, así como una indemnización por “negligencia criminal”.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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