Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado que apareció el pasado mes de agosto en un video recibiendo fajos de billetes de un supuesto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), confesó a la Fiscalía General de la República (FGR) que no fue una, sino 15 maletas de dinero las que recibió en siete ocasiones como parte de la trama de sobornos que entregó la empresa Odebrecht en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, reveló hoy el periódico Reforma.
De acuerdo con el medio, quien tuvo acceso a la declaración del militante del Partido Acción Nacional (PAN), éste habría detallado hace dos meses ante las autoridades que el dinero fue recibido “por órdenes del entonces Senador panista Jorge Luis Lavalle Maury y que el destino fue para campañas electorales panistas”.
“‘José Luis Lavalle Maury me llamaba y me decía quién iría conmigo’, declaró, ‘ya que fueron otras dos personas las que me acompañaron a recibir dinero, y de ellas me daba el teléfono y los veía en la parte de abajo del estacionamiento o en el lobby del Senado”, relató el exfuncionario, según escribe el periodista Abel Barajas.
Asimismo, Caraveo Opengo explicó que al salir de la Cámara Alta se dirigían a Montes Urales 425, ubicado en las Lomas de Chapultepec, para realizar las entregas del dinero, tal como lo había denunciado Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, el pasado 11 de agosto, cuando acusó que se entregaron sobornos a legisladores para aprobar la Reforma Energética impulsada en el Gobierno peñista.
Una vez en el sitio, agregó, “Francisco Olascoaga [jefe de departamento Administrativo en la Dirección General de Pemex] ya tenía recibos elaborados en los que especificaba la fecha y la cantidad que me estaba entregando y los cuales yo estampaba mi rúbrica”.
En la declaración de Jesús Caraveo Opengo, precisó Reforma, se constata que la primera entrega de dinero se llevó a cabo a finales de 2013, luego de que el entonces Senador Jorge Luis Lavalle Maury le diera la instrucción de recoger “unos expedientes que él tenía que revisar”, pero alguien lo debía llamar.
Según lo publicado este miércoles por el periódico de circulación nacional, José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Lozoya, fue quien le habló al panista y le dijo en qué parte se verían. En el sitio acordado ya lo esperaba una Suburban oscura, a la que subió.
“Enseguida me mostró una maleta de tela color negro, tipo deportivo, de aproximadamente 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, misma que abrió y la cual no contenía expedientes, como me lo había hecho saber el señor Jorge Luis Lavalle Maury, sino que en su interior había fajos de dinero eran billetes de 500 pesos”, se lee en la denuncia.
Posteriormente, Caraveo le habló al legislador, quien sólo le pidió entregarle la maleta. Sin embargo, cuando lo vio para hacerlo, le habría reclamado que lo hubiera mandado a recoger el dinero.
“Él me manifestó que no me preocupara porque no era nada ilegal, que estuviera tranquilo, ya que le estaban devolviendo un préstamo y yo me molesté y me retiré de su oficina, aclarando que en esa ocasión no supe o no recuerdo el monto total que contenía la maleta”, comentó en los documentos que revisó Reforma.
El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.
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