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México

Panista y licenciado en Derecho, el presunto agresor de maestra de inglés de la UAEMex

El Partido Acción Nacional (PAN) identificó como militante a Octavio Alfonso “N”, presunto agresor de la profesora de inglés de la Prepa 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

Además, anunció que lo expulsará de sus filas y exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aplicar en su contra “el rigor máximo de la ley”.

El pronunciamiento, a través de un comunicado, se realizó después de que colectivos de feministas identificaran al panista como el hombre que violentó a la maestra la noche del pasado 21 de abril, mientras impartía su clase en línea.

En el documento, el PAN mexiquense se deslindó de la supuesta pareja de la maestra agredida y anticipó que lo expulsará por considerar “que no hace honor a los principios, valores y ética” del albiceleste.

Jorge Inzunza, presidente estatal del partido, exigió a la Fiscalía actué de forma inmediata contra esta persona y se le aplique todo el rigor de la ley, porque Acción Nacional no tolerará “actitudes machistas” y está por la defensa de las mujeres y su libertades.

La información difundida en redes sociales abunda que el esposo de la docente se postuló para la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN Toluca, enunciando entre sus cualidades el humanismo político y el bien común, el liderazgo y la postura requerida en la dirigencia.

Hasta el momento, la identidad del agresor, quien además fungió como asesor jurídico de las campañas de los candidatos del PAN para el periodo 2000-2009 y fue encargado del subcomité No. 5 del distrito II en el año 2000, no ha sido confirmada por ninguna autoridad -salvo por el PAN-, pero tampoco desmentida.

Colectiva Apapachar en Violeta, Las Serpientes de Naan, Sororidad UAM-L, Colectiva Feminista Radical Valkirias, entre otras, además destacan que el hombre es originario de Toluca, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Toluca, de donde egresó en 2003.

En 2011, Octavio Alfonso “N” refería que contaba con diferentes cursos de ética en perfil laboral, criminología, integración de equipos y había concursado para secretario de la Agencia del Ministerio Público.

Fuente: Apro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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