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México

Participa Reyes Baeza en anunció de la nueva Política Nacional de Vivienda

El presidente Enrique Peña Nieto anunció la nueva Política Nacional de Vivienda, que incluye más un millón de acciones entre ellas, 500,000 nuevas construcciones, evitar espacios reducidos, inmuebles con más de una habitación y flexibilidad para créditos a policías federales, estatales y municipales.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció la nueva Política Nacional de Vivienda, que incluye más un millón de acciones entre ellas, 500,000 nuevas construcciones, evitar espacios reducidos, inmuebles con más de una habitación y flexibilidad para créditos a policías federales, estatales y municipales.

En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario instruyó a las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Hacienda y Crédito Público, instrumentar un nuevo mecanismo de seguridad social y de manera particular enfocado a la adquisición de viviendas.

Se trata, resaltó, de un modelo basado en cuatro estrategias que conducirá los esfuerzos públicos y privados en los siguientes años, que consiste en sectorizar las áreas del gobierno que coordinará la Secretaría de Desarrollo Agrario, y reducir de manera responsable el rezago de vivienda, estimado en nueve millones de casas.

De esta manera, policías federales, estatales y municipales, «aquellos buenos elementos, buenos servidores públicos que cumplan con su tarea de cuidar y velar por la seguridad de los mexicanos, puedan tener mecanismos de más fácil adquisición de una vivienda para ellos y sus familias», resaltó el jefe del Ejecutivo federal.

A fin de dar vivienda digna a los mexicanos, se implementarán dos acciones específicas:

«que toda vivienda popular financiada o subsidiada por el Estado cuente con al menos dos recámaras, a fin de evitar espacios reducidos, y asegurar que el desarrollo urbano se dé con respeto al medio ambiente y recursos naturales», indicó.

El gobierno federal, sostuvo Peña Nieto, está comprometido a que los derechos establecidos en la Carta Magna sean una realidad para todas las familias mexicanas.

Aseguró que el «tren de la vivienda continuará su marcha», por lo que su transición a este nuevo modelo será gradual, pues la industria de la vivienda requiere de hacer ajustes estructurales, por lo que habrá un periodo de transición de 24 meses para que todos los actores puedan realizar los cambios que se ajusten a esa visión

Por ello, aseguró que en 2013 se aplicarán las reglas de operación vigentes y con toda antelación de manera oportuna se darán a conocer las reglas de operación para el año próximo.

El mandatario anunció cuatro estrategias para impulsar el sector, que es también palanca de desarrollo nacional y promotor de empleo.

Ofreció certeza absoluta para todos los sectores mediante reglas claras y acciones focalizadas, pues «se trata de brindar certidumbre y transparencia al sector de vivienda. Es importante que sepan lo que pueden esperar de este gobierno».

Mover a México hacia el futuro, aseveró, es lograr que las familias mexicanas cuenten con la posibilidad real de acceder al elemento mas importante de todo patrimonio: su casa.

Para ello, anunció que las cuatro estrategias son lograr una mayor coordinación interinstitucional es decir, la alineación de programas y acciones en materia de tierra, financiamiento y vivienda que es esencial para el éxito y la viabilidad del sector.

Por ello, informó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu) sea la instancia coordinadora de la política de vivienda nacional y presida además la comisión intersecretarial en la materia.

Igualmente, de ahora en adelante, con base en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, las comisiones Nacional de Vivienda (Conavi) y para la Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, (Coret), además del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, (Fonapo), serán sectorizados y coordinados por la Sedatu.

Asimismo, la dependencia suscribirá convenios con el Infonavit, con los gobiernos estatales, así como con las autoridades municipales de al menos las 60 ciudades con mayor peso y crecimiento poblacional.

La segunda estrategia es transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, por lo que el Gobierno de la República hará uso de financiamiento de vivienda para orientar el desarrollo territorial y urbano del país.

En ese punto, indicó que las ciudades han crecido en forma desordenada, sin planeación integral, lo que ha provocado la expansión descontrolada de las manchas urbanas, restándoles competitividad y sustentabilidad.

Para frenar esa tendencia, el mandatario dio a conocer que los créditos y susbisdios del gobierno federal serán reorientados al fomento del crecimiento urbano ordenado.

«El financiamiento público contribuirá a elevar la calidad de vida dentro de las ciudades, promoviendo el rescate de espacios urbanos, la redinsificacion, así como la construcción de viviendas verticales y desarrollos certificados», subrayó.

La tercera estrategia será reducir de manera responsable el rezago de inmuebles, pues aún existe una gran demanda, que llevan a un rezago de al menos nueve millones de casas, además de que en las próximas dos décadas el bono demográfico seguirá estimulando la demanda de nuevas construcciones.

En ese sentido, dijo que para atender la dinámica poblacional, este año el gobierno federal prevé más un millón de acciones de lotificación, construcción, aplicación y mejora de hogares, tanto en campo como en ciudades.

De ese millón de acciones, más de 500,000 corresponderán a nuevas construcciones, e igualmente se aplicarán políticas públicas que además de su propósito social, contribuirán a dinamizar este importante sector de la economía.

Peña Nieto dio a conocer que se fortalecerá el papel de la banca privada en el otorgamiento de créditos a la vivienda; se incrementarán los apoyos para la adquisición de inmuebles para mujeres y hombres que forman parte de las fuerzas armadas del país y las agrupaciones policiacas.

Además, se diseñarán mecanismos de acceso para empleados estatales y municipales al mercado de créditos, a fin de que cuenten con mayores posibilidades de adquirir y mejorar su casa, añadió.

La cuarta estrategia es procurar una vivienda digna para todos los mexicanos. «Una vivienda que se convierta en un mejor hogar».

Por ello, Peña Nieto sostuvo que su gobierno está decidido a impulsar mayores acciones de créditos y subsidios para el mejoramiento y la ampliación de vivienda en los medios urbano y rural.

Para ello, abundó, se prevén más de 320,000 acciones de mejoramiento a la vivienda y para el caso específico del campo se concretarán más de 97,000 acciones en materia de vivienda rural.

Esas acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda serán focalizadas de manera prioritaria en las áreas estratégicas que prevé la Cruzada Nacional contra el Hambre, a estos 400 municipios donde se encuentra una doble condición de pobreza extrema y carencia alimentaria, dijo.

Por último, desatcó que su gobierno tiene como responsabilidad trabajar para asegurar que todos los hogares de México cuenten con infraestructura adecuada y servicios básicos como electricidad, agua, drenaje y piso firme.

mac

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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