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México

Partido Verde va otra vez por la pena de muerte

Diez años después de presentarla por primera vez, el Partido Verde relanzó su propuesta de pena de muerte para castigar a quienes cometan el delito de homicidio doloso vinculado a otros como secuestro, violación, trata de personas y crimen organizado.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del partido, Carlos Puente, aseguró que prepararán una iniciativa que tenga viabilidad jurídica, y dijo que están dispuestos a asumir el costo jurídico de su planteamiento.

«Si es un secuestro, violación o delito doloso, serían acreedores a esta pena de muerte, no se trata de matar a nadie, simplemente de aplicar un castigo», indicó.

Acompañado por el coordinador de los diputados pevemistas, Jesús Sesma, explicó que la pena de muerte se presentará como una sanción preventiva para quienes quieran «retar a México» con estos delitos.

Puntualizó que es una propuesta responsable, no tomada a la ligera, por lo que también buscarán garantizar que quede fuera toda posibilidad de que en un momento dado se aplique este castigo a una persona que sea inocente.

Ante cuestionamientos por el rechazo que puede generar esta propuesta y reclamos en materia de derechos humanos, el también coordinador de los senadores del PVEM, aseveró que «la pena de muerte es un tema que no nos debe asustar, lo que nos debe asustar es que sigan apareciendo cuerpos de jovencitas, estudiantes».

Al respecto, Jesús Sesma enfatizó que lamentablemente en México la justicia es una excepción y no la regla, que permite que los criminales no reciban castigo, por lo que enfatizó que llegó el momento de aplicar este tipo de medidas para frenar delitos como el secuestro y el narcotráfico.

Carlos Puente precisó que el Partido Verde es respetuoso de la posición que asuman las otras fuerzas políticas, incluyendo sus aliados como el PRI, porque cada uno registró sus propias plataformas políticas y llevan sus agendas.

En el mismo sentido se expresó sobre sus candidatos, desde los que buscan cargos locales hasta los federales, como el abanderado presidencial José Antonio Meade, de quienes dijo que esperan que puedan asumir su propuesta, pero son respetuosos de sus respectivos puntos de vista.

Cuestionado sobre si se trata de una medida para conquistar más votos, el dirigente nacional del Partido Verde aseguró que las encuestas les indican que cuentan con una intención de voto superior a los tres puntos requeridos para conservar el registro como partido.

El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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