Por: Alejandro Salmón Aguilera
Hace unos días, en esta misma semana, una mujer llegó a las oficinas del PRD estatal, procedente de un alejando municipio rural. Iba a registrarse como candidata, según dijo. “¿Candidata a qué?” le preguntaron; “pues no sé, nada más me dijeron que viniera a registrarme”, respondió.
La mujer en cuestión iba a ser la candidata a la presidencia municipal del PRD en su municipio de origen, y ni enterada estaba.
El caso de la pre-candidata “a algo” por el PRD ilustra la falta de seriedad con la que los partidos políticos, todos, asumieron la obligación de promover la equidad de género en sus agendas de trabajo y de fomentar la participación de las mujeres en las actividades políticas, incluidas las de buscar cargos de elección popular.
Anualmente, los partidos políticos reciben más de 65 millones de pesos de presupuesto, a valores actuales–sin contar con los gastos de campaña—de los cuales deben destinar una parte a “actividades específicas” y, dentro de éstas, fomentar la participación de las mujeres en política.
Del dinero que se les da a los partidos, un aproximado de 2 millones 800 mil pesos anuales deben reservarse para ese tipo de actividades, las cuales, de aplicarse de manera correcta, ya habría producido resultados distintos a los que estamos viendo en la actualidad, como el caso de la “candidata a algo” del PRD.
Desde el más grande hasta el más modesto de los partidos, todos están pasando problemas para completar las cuotas de género que obliga la ley, sobre todo a la hora de integrar planillas de ayuntamientos, donde no sólo deben buscar que entre las 67 candidaturas a Presidencia Municipal haya más o menos la misma cantidad de varones que de mujeres.
Los resultados están a la vista: algunos partidos ni siquiera han completado las candidaturas suplentes a presidentas de ayuntamiento. De las planillas de regidores, mejor ni hablar: los aprietos para encontrar candidatas llegan al grado de la pena ajena, como fue el caso de la perredista antes mencionada.
De todo lo anterior quedan varios cuestionamientos que todos los partidos deben hacerse en torno no sólo a la promoción de la actividad femenina en la vida política, sino en la forma como manejan los recursos públicos que reciben a través del Instituto Estatal Electoral.
La primera de esas preguntas podría ser el ¿cómo es que los partidos batallan para encontrar mujeres candidatas, si la mitad de su militancia, por lo menos, está compuesta de mujeres?
Si las cifras del PRI fueran legítimas, es decir, que tiene más de 9 millones de militantes, significaría que tiene entre sus filas a 4.5 millones de mujeres, aproximadamente. De toda esa cantidad ¿les alcanza para tener sólo a una mujer al frente de un Gobierno Estatal?. Para ser proporcionales con el comentario, la pregunta debería ir dirigido a todos los partidos, pues la priista sonorense Claudia Artemiza Pavlovich Arellano es la única mujer que encabeza un gobierno de entre los 31 estados que tiene el país.
Del manejo de los recursos, bien valdría que la Comisión de Fiscalización del IEE revise si realmente lo están aplicando a lo que deben, porque, si durante los pasados tres años lo hubieran aplicado, en este caso, a la promoción de la actividad política de la mujer, habría en este momento más de un centenar de candidatas a alcaldesas y, por qué no, al menos una a gobernadora.
¿Qué les hicieron entonces a esos casi 9 millones de pesos que recibieron en los últimos tres años para “actividades específicas? Ahí está la primera tarea de fiscalización.
