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Pasa Ciudad Juárez a semáforo amarillo y el resto del estado permanece en naranja

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El Secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera informó que el estado de Chihuahua conservará un semáforo regionalizado por lo que ciudad Juárez pasará a color amarillo y Chihuahua se quedará en color naranja.

Esta decisión se tomó en cuenta, tras hacer una medición de las variables entre las que destaca el nivel de propagación del virus SarsCov2, así como de la tasa de mortalidad.

Precisó que la ponderación de las variables genera un número que ubica a las ciudades o estados en un determinado color y da la pauta para abrir o no, más actividades. Si esa ponderación da entre 32 y 40, un estado se ubica en color rojo o riesgo epidémico muy alto; entre 16 y 31 es color naranja o riesgo alto; entre 9 y 15 el color amarillo y riesgo moderado y entre 0 y 8 es el color verde o un riesgo bajo.

Compartió que en el reporte del día 12 de febrero, la Secretaría de Salud federal dio a Chihuahua una calificación de 13 puntos, es decir, color amarillo.

En este sentido, dijo que Ciudad Juárez obtuvo una calificación de 9 puntos, lo que la coloca muy cerca de pasar al semáforo verde, mientras que el municipio de Chihuahua tuvo 15 puntos, lo que la coloca más cerca del semáforo naranja.

“Es por esta razon que de nueva cuenta aplicaremos una estrategia de reapertura diferenciada que nos permitirá un mayor equilibrio entre salud y actividad economica” señaló.
Mientras tanto, dijo que Chihuahua permanecerá con las mismas actividades y niveles de aforo permitidos en el “amarillo seguro”, mientas que ciudad Juárez avanza con su apertura económica.

Las nuevas actividades que se consideran para Juárez y los municipios que conforman la región norte en esta etapa son:

Las bibliotecas podrán recibir gente con un aforo del 50 por ciento, aumento del aforo en tiendas de autoservicio mayores a 3 mil 500 metros cuadrados, las cuales pasan de 350 a 500 clientes.

Los restaurantes incrementarán su aforo al 65 por ciento y se recupera el horario normal del establecimiento, además se permitirá la apertura de bares y centros nocturnos con un aforo del 30 por ciento así como la operación de los casinos pero sin venta de bebidas alcohólicas y con un aforo del 30 por ciento.

De la misma forma, los spas pasarán del 50 al 70 por ciento de ocupación, los museos y teatros podrán reiniciar actividades con un aforo del 30 por ciento, mientras que los salones de eventos podrán tener un aforo del 50 por ciento sin consumo de bebidas alcohólicas.

Los parques y plazas podrán pasan a un aforo del 80 por ciento, al igual que los comercios y locales quienes podrán tener un aforo del 65 por ciento, al igual que los tianguis y negocios ambulantes o semifijos, quienes podrán tener el 65 por ciento de ocupación.

Las iglesias y templos en Juárez podrán recibir hasta el 50 por ciento de su aforo con un máximo de 200 personas en el recinto, mientras que los cines podrán aumentar su aforo al 50 por ciento.

Los eventos cerrados y masivos podrán retomarse al 30 por ciento sin consumo de alcohol, mientras que las visitas a las estancias y asilos podrán retomarse siempre y cuando no exista contacto directo con los adultos mayores y se puedan implementar medidas como la cita programada y el uso de acrílicos.

Es importante destacar que las clases presenciales permanecerán suspendidas en toda la entidad.

Finalmente, pidió a la población seguir cumpliendo las medidas preventivas a fin de caminar hacia una mayor apertura económica.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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