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México

Paso a paso: así fue el asesinato de Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme

Su campaña electoral apenas duró 20 días. La tarde de este jueves fue asesinado a balazos en Cajeme, Sonora, el candidato a la alcaldía de este municipio por el partido Movimiento CiudadanoAbel Murrieta, quien al momento de su ejecución se encontraba recorriendo las calles y plazas en busca del voto.

El asesinato del candidato ocurrió sobre las 17:00 horas de la tarde en Ciudad Obregón, en las calles Guerrero y California. Según los primeros indicios, un hombre que caminaba por la zona le disparó al menos diez veces. El candidato de 57 años quedó sobre la banqueta frente a sus colaboradores. Minutos después fue trasladado a un hospital privado donde confirmaron su muerte.

(Gráfico: Infobae México)(Gráfico: Infobae México)

Por el momento se desconocen las causas del homicidio y no hay detenidos. Tampoco las autoridades han proporcionado información sobre lo ocurrido, aunque los periodistas locales que se trasladaron a la zona señalaron que recibió varios disparos en la cabeza y además, una mujer, integrante de su campaña, resultó herida.

Unas horas antes de su ejecución, Murrieta había advertido que combatiría al crimen; sin embargo, este lo alcanzó.

En su última publicación en Facebook, el aspirante asesinado se mostraba entusiasmado con su candidatura y combate a la delincuencia. “Este movimiento #VaEnSerio contra la inseguridad. Cajeme ya no puede ni va a seguir tolerando políticos corruptos que dejan impunes a quienes arremeten contra los ciudadanos”, escribió.

Previamente, Murrieta había viajado al Rancho La Mora con la familia Le Barón, de quien era su abogado, y que en 2019 fue objeto de un brutal atentado en el que perdieron la vida nueve de sus miembros, mujeres y niños que viajaban en camionetas por Chihuahua. Terriblemente dolido, Adrián LeBarón expresó sus condolencias.

La dirigencia del partido Movimiento Ciudadano señaló que la víctima no utilizaba escoltas ni chófer porque nada debía.

Abel Murrieta Gutiérrez era Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas. Fue procurador General de Justicia de Sonora de 2004 a 2012, cargo en el cual fue acusado por alteración y falsificación de documentos del incendio de la Guardería ABC en junio de 2009, que dejó 49 niños muertos y más de 70 lesionados.

En enero de 2020, el candidato a la alcaldía de Cajeme se incorporó como abogado de la familia LeBarón. Junto con el activista Adrián dio a conocer en febrero de este año que había cuatro detenidos acusados por el homicidio de tres mujeres y seis niños. Advirtieron que había más involucrados en el caso; no obstante, la situación geográfica de la zona frenaba la investigación.

Adrián LeBarón aseguró que este 14 de mayo tenían planeado viajar a Tijuana, Baja California, para revisar los avances del multihomicidio y la situación de los detenidos. “Ya no será”, reprochó Adrián.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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