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Patrones podrán diferir hasta en 48 meses pagos de cuotas del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permitirá a los patrones diferir los pagos de las cuotas obrero-patronales hasta en 48 meses, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19.

El instituto explicó que los patrones deberán cubrir un importe inicial del 20 por ciento de la cuota patronal y el 100 por ciento de la obrera, mientras que el resto lo podrán pagar hasta en 48 meses.

«El monto convenido en pago a parcialidades no sufre ninguna modificación y al ser un pago recibido fuera de los plazos legales, genera actualización y recargos», agregó el IMSS.

Los patrones podrán acceder a una tasa de interés mensual de entre 1.26 por ciento y 1.82 por ciento, dependiendo del plazo que eligieron para pagar (12, 24 y más de 24 meses).

El instituto no pedirá ningún tipo de garantías a los patrones, de acuerdo con el acuerdo del Consejo Técnico número ACDO. AS2. HCT.300419/150.P.DIR, del 30 de abril de 2019.

Si se cubren oportunamente los compromisos convenidos, las multas pueden ser disminuidas, de acuerdo a lo previsto en el acuerdo del Consejo Técnico 187/2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2003.

El artículo 31 de la Ley del Seguro Social prevé un descuento de hasta siete días por ausentismos del trabajador. Durante estos días se pagará la cuota que corresponde al seguro de enfermedades y maternidad.

Debido a la declaratoria de emergencia, se definieron como días inhábiles para las actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones o requerimientos, el periodo entre el 31 de marzo de 2020 y la fecha en que el Consejo Técnico determine.

Integrantes del Consejo Técnico del IMSS explicaron a El Financiero Bloomberg que, como tal, las medidas anunciadas para apoyar a patrones y trabajadores no son nuevas, pues están contempladas en la Ley del Seguro Social, sin embargo, fue necesaria la aprobación de los consejeros porque se tendrá que implementar un mecanismo específico para este proceso.

Indicaron que los mecanismos para hacer valer las medidas son necesarios porque no se está en una situación normal, sino en una emergencia sanitaria y es probable que sean muchas las empresas y trabajadores que acudan a estas facilidades otorgadas por el IMSS.

En específico, la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS trabaja en un mecanismo para simplificar los convenios de diferimiento de pago de cuotas obrero patronales.

“En un periodo normal, los patrones o trabajadores simplemente se acercan a las áreas de afiliación y cobranza para llegar a convenios de prórroga en el pago de cuotas, pero dado que estamos ante una pandemia que es causa de fuerza mayor, deberán existir los mecanismos para que pueda haber una facilitación de las medidas para las empresas”, expusieron.

Fuente: El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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