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Pedirá FGR 82 años de prisión para Murillo Karam

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Se preveía que hoy los fiscales del caso hicieran la acusación formal contra Murillo Karam, quien permanece en la Torre Médica de Tepepan, sin embargo, un juez federal aplazó para abril de este año la audiencia

Ciudad de México.-  La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará en abril una condena de 82 años de prisión contra el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, por su presunta responsabilidad en los delitos desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.

Se preveía que hoy los fiscales del caso hicieran la acusación formal contra Murillo Karam, quien permanece en la Torre Médica de Tepepan, sin embargo, un juez federal aplazó para abril de este año la audiencia de acusación, por segunda ocasión.

La diligencia fue diferida porque la defensa del exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto continúa recabando entrevistas y datos de prueba a favor de su defendido, reportaron funcionarios federales.

En septiembre pasado, la defensa de Murillo Karam solicitó posponer por primera ocasión la audiencia, debido a que estaban en curso diversos juicios de amparo.

Cabe recordar que el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, José Rivas González, concedió en noviembre del año pasado prisión domiciliaria a Murillo Karam, por su avanzada edad y su estado de salud.

Jesús Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 luego de ser acusado de presunta alteración y manipulación de evidencias y líneas de investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, que popularmente es conocido como caso Ayotzinapa.

El 29 de junio, la defensa de Murillo solicitó arresto domiciliario, medida que fue rechazada por las autoridades. La insistencia de la defensa obtuvo sus frutos más adelante y el exprocurador ganó medida cautelar en este primer proceso, sin embargo, en frente está un segundo caso penal por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en el caso de Felipe Rodríguez Salgado «El Cepillo», a quien se le  acusa de pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos.

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Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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