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México

Pedirá FGR 82 años de prisión para Murillo Karam

Se preveía que hoy los fiscales del caso hicieran la acusación formal contra Murillo Karam, quien permanece en la Torre Médica de Tepepan, sin embargo, un juez federal aplazó para abril de este año la audiencia

Ciudad de México.-  La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará en abril una condena de 82 años de prisión contra el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, por su presunta responsabilidad en los delitos desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.

Se preveía que hoy los fiscales del caso hicieran la acusación formal contra Murillo Karam, quien permanece en la Torre Médica de Tepepan, sin embargo, un juez federal aplazó para abril de este año la audiencia de acusación, por segunda ocasión.

La diligencia fue diferida porque la defensa del exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto continúa recabando entrevistas y datos de prueba a favor de su defendido, reportaron funcionarios federales.

En septiembre pasado, la defensa de Murillo Karam solicitó posponer por primera ocasión la audiencia, debido a que estaban en curso diversos juicios de amparo.

Cabe recordar que el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, José Rivas González, concedió en noviembre del año pasado prisión domiciliaria a Murillo Karam, por su avanzada edad y su estado de salud.

Jesús Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 luego de ser acusado de presunta alteración y manipulación de evidencias y líneas de investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, que popularmente es conocido como caso Ayotzinapa.

El 29 de junio, la defensa de Murillo solicitó arresto domiciliario, medida que fue rechazada por las autoridades. La insistencia de la defensa obtuvo sus frutos más adelante y el exprocurador ganó medida cautelar en este primer proceso, sin embargo, en frente está un segundo caso penal por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en el caso de Felipe Rodríguez Salgado «El Cepillo», a quien se le  acusa de pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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