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México

Pemex debe informar pérdidas anuales por robo de hidrocarburos: INAI

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a Petróleos Mexicanos (Pemex) entregar los documentos en los que consten las pérdidas anuales por el robo de hidrocarburos en el país, así como el volumen de hidrocarburo ilícito asegurado, en Estados Unidos.

“Toda la información que dé cuenta de las cantidades de hidrocarburos que han sido robadas, ya sea por ordeña o por robo de pipas, debe transparentarse en un ejercicio de rendición de cuentas, máxime que se trata de información que se traduce en una pérdida significativa al erario público”, afirmó el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov al presentar el caso ante el Pleno.

Expuso que, de acuerdo con datos de Pemex, el robo de combustible representó para el país una pérdida de 25 mil millones de pesos en los últimos años y la perforación de ductos para ese fin incrementó en 790 por ciento.

“Petróleos Mexicanos ha contabilizado un total de 28 mil 736 tomas clandestinas en todo el país, entre el año 2013 y el 2017, lo que significa un promedio de una perforación cada 90 minutos”, enfatizó el comisionado.

El particular que solicitó los documentos se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, debido a que Pemex señaló no contar con la información requerida.

En alegatos, la entidad precisó que su Unidad de Estadística Jurídica, Control de Procesos y Proyectos llevó a cabo una nueva búsqueda en los Sistemas Jurídicos Institucionales; sin embargo, informó que no localizó documento alguno para atender la petición, por lo que el resultado era igual a cero.

En el análisis del caso, a cargo del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, se determinó que Pemex cuenta con otras áreas administrativas a las cuales no turnó la solicitud y, por sus atribuciones, pueden conocer la información.

Al respecto, se advirtió que la Dirección Corporativa de Administración y Servicios se encarga de dirigir la prestación del servicio de salvaguardia estratégica en Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, las Empresas Filiales y terceros.

Por su parte, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica se ocupa de coordinar la prestación de servicios de salvaguardia del personal, instalaciones, bienes y valores de la entidad, coordinando la relación con los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, le corresponde coordinar las acciones de protección, gestionando y generando información para detectar riesgos, amenazas o acontecimientos que puedan afectar a Pemex.

Aunado a lo anterior, se verificó que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y diversas reformas al Código Penal, establece que el Ministerio Público perseguirá de oficio a quien no demuestre la posesión legal de hidrocarburos, petroquímicos o activos o sea sorprendido en actos como la perforación de ductos.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta de Pemex y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, a fin de localizar y entregar los documentos en los que consten las pérdidas anuales por el robo de hidrocarburos en el país, así como el volumen de hidrocarburo ilícito asegurado, en Estados Unidos.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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