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México

Pemex despide a 150 empleados en Tamaulipas por desfalco millonario

Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió rescindir el contrato a 150 empleados de su plantilla en Tampico, Tamaulipas, debido a que incurrieron en actos de corrupción como es el caso al fraude millonario a becas que servían como apoyo para que pudieran estudiar.

Los ceses ocurrieron la mañana de este jueves y fue contra empleados que prestaban sus servicios en la Refinería Francisco I. Madero, la Terminal Marítima, Hospital Regional y Campo Tamaulipas de Altamira.

Trascendió que los encargados llamaron a grupos de cinco en cinco para dialogar con ellos y darles a conocer sobre el fraude que se había descubierto.

Todos los involucrados pertenecen a la Sección Uno del Sindicato de Petroleros Mexicanos de la República con base en Tampico, y una vez que firmaron su finiquito se les conminó a salir por la puerta trasera de las instalaciones para no generar más alboroto.

Los empleados fueron acusados de engañar a la paraestatal en el cobro de becas escolares de hasta 25 mil pesos.

Los actos de corrupción fueron desenmascarados luego de una investigación interna a 500 empleados y que aún continúa.

El motivo de las indagatorias fue debido a que en días anteriores se subió a las redes sociales un video anónimo en el que denunciaban los desfalcos que se hacían.

En el clip se muestra a una persona en la penumbra, con una voz que fue distorsionada y acusaba que el orquestador de este robo era el encargado de las becas a Nivel Nacional, Adrián Flores San Vicente, asignado en la Sección Uno con base en Tampico, Tamaulipas.

Según la voz, el comisionado, a través de su cuñada Yamilet Navarro, exhortaba a los empleados a que se inscribieran en las becas con documentación falsa que los hacia pasar como alumnos en alguna institución educativa.

Una vez que cobraban la beca, los obreros tenían que entregar el 50 por ciento al sindicato.

Los supuestos fraudes datan desde el 2013 a la fecha y se aseguró que las ganancias anuales son en los 50 millones de pesos.

Aparentemente el dinero era repartido entre funcionarios de Pemex y del sindicato, entre los cuales se encuentra el actual líder de la Sección Uno, Esdras Romero Vega.

La queja advierte que Romero Vega está amenazando a los empleados para que no lo nombren dentro de las investigaciones.

En el video también exigen que se indague a otros funcionarios locales, quienes fueron identificados como Martin Flores, Artemio Rodríguez, Saul Ceballos, Alfredo Pacheco, Martín Reyes, Sergio Salinas, Juan Carpenter Calderón, Hilario Cantú, Fabiola Rodríguez Saucedo, Alfonso Carcini Martínez y demás familiares.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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