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México

Pemex obtuvo nuevo plazo para continuar con la venta de diésel “sucio” durante la contingencia por COVID-19

El regulador mexicano de energía extendió un plazo a la Petróleos Mexicanos (Pemex) para vender diésel convencional en zonas obligadas a comercializar solamente combustible de ultra bajo azufre, o más limpio, hasta por seis meses después de que el gobierno de la Cuarta Transmisión decrete el final de la contingencia por el virus SARS-CoV-2.

La prórroga fue solicitada en agosto por la propia compañía petrolera mexicana a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en abril le había autorizado suministrar diésel de 500 partes por millón (ppm), o “sucio”, hasta la semana pasada en zonas de influencia de ultra bajo azufre.

Las zonas están de los estados Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz -en la región central del país-, según la resolución de la CRE fechada el 27 de agosto, cuando se aprobó la ampliación del plazo, y publicada posteriormente en su página en internet.

Entre las consideraciones para aprobar la prórroga, el regulador destacó que en diciembre ya había otorgado a la petrolera una ampliación por cinco años, hasta 2025, a la fecha límite para ofrecer tanto diésel de ultra bajo azufre (DUBA) como diésel de hasta 500 ppm en la mayor parte del país.

Si bien en aquella resolución habían quedado exceptuados la frontera norte, las ciudades Guadalajara, Monterrey y la capital del país, así como 11 corredores, donde únicamente se puede comercializar DUBA, con la nueva prórroga casi la mitad de estos corredores terminarán viéndose afectados.

La CRE autorizó temporalmente a Pemex Transformación Industrial (TRI) para suministrar producto de 500 partes por millón de contenido de azufre en zonas como Escamela, Tierra Blanca, Perote, Xalapa, Tehuacán, Oaxaca, Iguala o Veracruz hasta el 1 de septiembre.

Sin embargo, de acuerdo con la Norma 016, el diesel debería contener hasta 15 partes por millón en contenido de azufre durante esta época del año, de acuerdo con los datos de El Universal.

Voces inconformes en la industria califican a estas prórrogas a Pemex de competencia desleal, pues los privados sí están obligados a cumplir con la norma sobre la calidad de los petrolíferos. De esa regla depende otra ambiental que obligará a partir de 2021 que los camiones hechos en México o importados operen solo con DUBA.

Pemex argumentó ante la CRE que la contingencia sanitaria causó una abrupta caída en la demanda y refinación de combustibles, especialmente de la turbosina, cuyos inventarios la obligaron a producir más diésel “sucio”, y adelantó que se incrementará más a partir de este mes.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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