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México

Pemex pide a Congreso endurecer penas por robo de combustible

Autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitaron al Congreso de la Unión una nueva legislación para endurecer las penas que castigan actualmente la “ordeña” de ductos y la extracción ilegal de combustibles.

En sesión de trabajo con integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente, los directores corporativo de Finanzas de Pemex, Mario Alberto Beauregard Álvarez; operativo, Gustavo Hernández García, y Jurídico, Marco Antonio de la Peña Sánchez, presentaron el Informe Anual 2014 y del primer trimestre de 2015 de la empresa.

El director Jurídico, Marco Antonio de la Peña, precisó a diputados y senadores que no habrá despidos masivos, a pesar de la situación económica en la que se encuentra la compañía petrolera.

“No hay despidos masivos, por el contrario, nuestro director general lo que ha dicho en todos los foros es que lo más importante para Pemex es el talento y la experiencia de sus petroleros”.

Sobre la ordeña de ductos, indicó que en los últimos cuatro años se detectaron siete mil 270 tomas clandestinas, que derivaron en la presentación de cinco mil 90 denuncia; dos mil 600 de ellas en los tres primeros meses de este año.

Dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) implementó entre 2014 y lo que va de 2015, aproximadamente 51 operativos, que derivaron en la detención de 30 presuntos delincuentes.

También la recuperación de 1.1 millones de litros de combustibles, equivalentes a 84.5 millones de pesos y el aseguramiento de 35 inmuebles y 165 autotanques.

Subrayó que si el Poder Legislativo trabaja y aprueba una segunda generación de reformas, se tendrá un marco jurídico idóneo para atacar esa modalidad de crimen organizado.

“Hay pendientes de fijar, algunos puntos como son, por ejemplo, la creación de nuevos tipos penales para el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilícita de combustibles, en virtud de que el crimen organizado ahora ha utilizado las estaciones de servicio como mecanismos para distribuir combustible robado”, precisó.

El incremento de penas y de sanciones económicas, en relación con el ilícito y el volumen robado; la previsión como un delito grave y de delincuencia organizada, así como la sanción a sujetos activos que comercialicen hidrocarburos sin marcadores y especificaciones.

El director Jurídico de Pemex enumeró que otro cambio sustancial que requiere la legislación actual es castigar también a las personas morales que participan en la ordeña de ductos y el robo de combustibles.

“La sanción a personas morales involucradas en el mercado ilícito de combustibles, de tal manera que se les pueda suspender o inclusive cancelar sus contratos, sus permisos, sus franquicias, o inclusive como algo novedoso en el derecho penal mexicano, que ya se prevé en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el poder disolver la sociedad correspondiente”.

Asimismo, abundó, la sanción al titular de una asignación o un contrato, que no informe o altere la información del producto producido.

Recordó que de 2006 a la fecha se han presentado 16 mil 938 denuncias, que permitieron procesar penalmente a mil 982 presuntos delincuentes, de los cuales 614 fueron condenados y 500 absueltos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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