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Pemex pide a Congreso endurecer penas por robo de combustible

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Autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitaron al Congreso de la Unión una nueva legislación para endurecer las penas que castigan actualmente la “ordeña” de ductos y la extracción ilegal de combustibles.

En sesión de trabajo con integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente, los directores corporativo de Finanzas de Pemex, Mario Alberto Beauregard Álvarez; operativo, Gustavo Hernández García, y Jurídico, Marco Antonio de la Peña Sánchez, presentaron el Informe Anual 2014 y del primer trimestre de 2015 de la empresa.

El director Jurídico, Marco Antonio de la Peña, precisó a diputados y senadores que no habrá despidos masivos, a pesar de la situación económica en la que se encuentra la compañía petrolera.

“No hay despidos masivos, por el contrario, nuestro director general lo que ha dicho en todos los foros es que lo más importante para Pemex es el talento y la experiencia de sus petroleros”.

Sobre la ordeña de ductos, indicó que en los últimos cuatro años se detectaron siete mil 270 tomas clandestinas, que derivaron en la presentación de cinco mil 90 denuncia; dos mil 600 de ellas en los tres primeros meses de este año.

Dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) implementó entre 2014 y lo que va de 2015, aproximadamente 51 operativos, que derivaron en la detención de 30 presuntos delincuentes.

También la recuperación de 1.1 millones de litros de combustibles, equivalentes a 84.5 millones de pesos y el aseguramiento de 35 inmuebles y 165 autotanques.

Subrayó que si el Poder Legislativo trabaja y aprueba una segunda generación de reformas, se tendrá un marco jurídico idóneo para atacar esa modalidad de crimen organizado.

“Hay pendientes de fijar, algunos puntos como son, por ejemplo, la creación de nuevos tipos penales para el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilícita de combustibles, en virtud de que el crimen organizado ahora ha utilizado las estaciones de servicio como mecanismos para distribuir combustible robado”, precisó.

El incremento de penas y de sanciones económicas, en relación con el ilícito y el volumen robado; la previsión como un delito grave y de delincuencia organizada, así como la sanción a sujetos activos que comercialicen hidrocarburos sin marcadores y especificaciones.

El director Jurídico de Pemex enumeró que otro cambio sustancial que requiere la legislación actual es castigar también a las personas morales que participan en la ordeña de ductos y el robo de combustibles.

“La sanción a personas morales involucradas en el mercado ilícito de combustibles, de tal manera que se les pueda suspender o inclusive cancelar sus contratos, sus permisos, sus franquicias, o inclusive como algo novedoso en el derecho penal mexicano, que ya se prevé en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el poder disolver la sociedad correspondiente”.

Asimismo, abundó, la sanción al titular de una asignación o un contrato, que no informe o altere la información del producto producido.

Recordó que de 2006 a la fecha se han presentado 16 mil 938 denuncias, que permitieron procesar penalmente a mil 982 presuntos delincuentes, de los cuales 614 fueron condenados y 500 absueltos.

México

Detienen a exfuncionario penitenciario por desvío millonario ligado a empresas de Álvarez Puga

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Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.

En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.

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