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Pemex pide a Congreso endurecer penas por robo de combustible

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Autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitaron al Congreso de la Unión una nueva legislación para endurecer las penas que castigan actualmente la “ordeña” de ductos y la extracción ilegal de combustibles.

En sesión de trabajo con integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente, los directores corporativo de Finanzas de Pemex, Mario Alberto Beauregard Álvarez; operativo, Gustavo Hernández García, y Jurídico, Marco Antonio de la Peña Sánchez, presentaron el Informe Anual 2014 y del primer trimestre de 2015 de la empresa.

El director Jurídico, Marco Antonio de la Peña, precisó a diputados y senadores que no habrá despidos masivos, a pesar de la situación económica en la que se encuentra la compañía petrolera.

“No hay despidos masivos, por el contrario, nuestro director general lo que ha dicho en todos los foros es que lo más importante para Pemex es el talento y la experiencia de sus petroleros”.

Sobre la ordeña de ductos, indicó que en los últimos cuatro años se detectaron siete mil 270 tomas clandestinas, que derivaron en la presentación de cinco mil 90 denuncia; dos mil 600 de ellas en los tres primeros meses de este año.

Dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) implementó entre 2014 y lo que va de 2015, aproximadamente 51 operativos, que derivaron en la detención de 30 presuntos delincuentes.

También la recuperación de 1.1 millones de litros de combustibles, equivalentes a 84.5 millones de pesos y el aseguramiento de 35 inmuebles y 165 autotanques.

Subrayó que si el Poder Legislativo trabaja y aprueba una segunda generación de reformas, se tendrá un marco jurídico idóneo para atacar esa modalidad de crimen organizado.

“Hay pendientes de fijar, algunos puntos como son, por ejemplo, la creación de nuevos tipos penales para el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilícita de combustibles, en virtud de que el crimen organizado ahora ha utilizado las estaciones de servicio como mecanismos para distribuir combustible robado”, precisó.

El incremento de penas y de sanciones económicas, en relación con el ilícito y el volumen robado; la previsión como un delito grave y de delincuencia organizada, así como la sanción a sujetos activos que comercialicen hidrocarburos sin marcadores y especificaciones.

El director Jurídico de Pemex enumeró que otro cambio sustancial que requiere la legislación actual es castigar también a las personas morales que participan en la ordeña de ductos y el robo de combustibles.

“La sanción a personas morales involucradas en el mercado ilícito de combustibles, de tal manera que se les pueda suspender o inclusive cancelar sus contratos, sus permisos, sus franquicias, o inclusive como algo novedoso en el derecho penal mexicano, que ya se prevé en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el poder disolver la sociedad correspondiente”.

Asimismo, abundó, la sanción al titular de una asignación o un contrato, que no informe o altere la información del producto producido.

Recordó que de 2006 a la fecha se han presentado 16 mil 938 denuncias, que permitieron procesar penalmente a mil 982 presuntos delincuentes, de los cuales 614 fueron condenados y 500 absueltos.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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