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Peña Nieto: ¿oasis o espejismo? por Victor M. Quintana S.

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PEÑA NIETO: ¿OASIS O ESPEJISMO?

Por: Víctor M. Quintana S.

El gran mérito de los informes presidenciales es que revelan la distancia que hay entre el país que se nos quiere hacer ver desde el poder y el país realmente existente, el que vivimos  y padecemos. En el tercer informe de Peña Nieto es evidente que, visto desde su oasis, el desierto en que vivimos la mayoría de los mexicanos es un espejismo; pero visto desde nuestro desierto, su oasis es el espejismo.

Puede ser que, al comenzar el sexenio, el oasis no era todavía un espejismo. Era una especie de tierra prometida a un pueblo que tenía ya 30 años vagando por los desiertos de las políticas de ajuste estructural, de salarios que no crecían y pobreza que no disminuía. Un pueblo que, encima tenia sobre sí seis años de guerra contra el narcotráfico con su cauda de masacres y desapariciones. Aunque había más razones para el escepticismo, se imponía el wishful thinking: un pensar deseando que las promesas se cumplieran.

A sellar esa visión prometedora contribuyeron también la prensa extranjera, con su “mexican moment”, y las loas a las intenciones reformistas del nuevo presidente, así llegara empujado por la más enorme y sofisticada compra de votos de que se tenga memoria. Y, sobre todo, el que los dos principales partidos fuera del gobierno: el PAN, a la derecha, y el PRD, a la izquierda, confirmaran la apuesta por Peña Nieto celebrando el Pacto por México para subirse al carro de las reformas. Del apretón de manos de aquel diciembre les quedó a los líderes panistas y perredistas una marca al fuego que ni los más estridentes deslindes pueden borrar.

Metieron toda la carne al asador por las consabidas reformas. Para salvar un poco la cara, el PAN no apoyó la fiscal y el PRD no apoyó la energética. Aun así, el concurso de uno u de otro fue decisivo para que el PRI restablecido en el poder saliera triunfante con dos orejas y rabo…mismos que se les están pudriendo en las manos. Porque en este país de poco sirve reformar si no se le confiere primero credibilidad al gobierno con hechos contundentes contra la corrupción. Guatemala acaba de mostrar que nos lleva años de ventaja en la materia: no tendrá tantas leyes contra la corrupción, no tendrá un zar (zarecito) contra la corrupción, como Virgilio Andrade, el amigo de Peña Nieto, pero acaba de deponer al presidente de la república y de llevar a la cárcel a la vicepresidenta.

Las reformas en materia fiscal, económica y energética, no han logrado  dinamizar la trastabillante economía del país. El gobierno de Peña Nieto lleva una tasa de 1.4% de crecimiento anual promedio, contra un 1.8 del sexenio de Felipe Calderón y un 2.3% del sexenio de Fox. El más  mediocre de los mediocres. Ha generado un millón 400 mil empleos en tres años, cuando esa cifra es la que se requiere tan sólo para dar cabida a todos quienes llegan al mercado de trabajo cada doce meses; 2014 fue el año en que menos empleos se crearon desde 2006. El peso se ha devaluado casi un 50%, en buena parte por “factores externos”, pero, eso no sucedería con una economía más sólida, por ejemplo, que no tenga que importar 27 mil millones de dólares anuales en alimentos básicos, 5 mil millones de dólares más de lo que nos llega por las reservas de nuestros migrantes. Adicionalmente, nuestras reservas se disminuyen en varios cientos de millones de dólares diariamente porque el Banco de México los vende a precio subsidiado a los ricos para que no dé más tumbos nuestro maltrecho peso.

El espejismo que vendieron Peña Nieto y sus aliados el PVEM y el PAN en materia de reforma energética es que estas reformas dinamizarían como nunca la economía. Incluso propusieron dos escenarios de crecimiento: uno sin reformas y otro, con reformas. Las impusieron, cedieron demasiado y no logramos nada: la ronda uno de subasta de concesiones de explotación de hidrocarburos sólo arrojó dos asignados de trece disponibles. La economía, lejos de reactivarse, se estanca a ritmos inferiores incluso a los que nos había dicho crecería sin reformas.

La prueba del fracaso de la política social es el reciente relevo de Rosario Robles al frente de la SEDESOL: tan sólo entre 2012 y 2014 el número de pobres de este país aumentó en dos millones. Desde 1992 el porcentaje de pobres se ha mantenido prácticamente el mismo, y, sin embargo, cada vez se gasta más en programas sociales asistenciales. Más dinero en lo social produce más pobres; más dinero para agricultura genera más importaciones de alimentos, ese es el gran contrasentido de la política neoliberal de Peña Nieto.

El informe oculta que nuestro gobierno tiene dos baldones ante la opinión púbica internacional: el primero, la inseguridad y atropellos a los derechos humanos; el segundo, la corrupción. El número de homicidios dolosos en lo que va del sexenio –según el semanario Zeta, de Tijuana, la fuente más confiable al respecto- supera ya los 52 mil, más que en el mismo período de tiempo, ya sea al principio, ya sea al final del régimen de Felipe Calderón. La Segob reconoce más de 25 mil desapariciones forzadas en todo el país, en primer lugar, la de los 43 de Ayotzinapa. Hay casos emblemáticos donde está comprobada la intervención de fuerzas del Estado en la masacre: Apatzingán, Tanhuato, Tlatlaya, Ostula. Somos líderes internacionales en asesinato de periodistas, más que el Estado Islámico.

La raíz de que todo lo anterior no se mejore o se empeore, es la corrupción medular en el aparato de Estado. ¿Cómo se puede animar un inversionista extranjero en invertir en México si la agencia de noticias financieras Bloomberg destapa el conflicto de intereses del Secretario de Hacienda cuando una empresa le regala prácticamente su mansión dominguera de Malinalco? ¿Cómo aventurarse a entrarle al negocio de la energía cuando los primeros que llegan ahí son los propios “reformadores”, tanto del PRI como del PAN, con Fox a la cabeza? ¿Cómo confiar en el gran programa de Peña Nieto, el de la infraestructura, si en todos los casos hay empresas favorecidas como HIGA u OHL?

A Peña Nieto le faltan muchas cosas, pero la más importante es la confianza de su pueblo. Si algo tuvo la ha ido perdiendo de forma más acelerada que el peso su valor. Eso le provoca terror. Por eso, en su largo mensaje político del Tercer Informe arremete duro contra “el populismo”. A falta de argumentos, buenas son las diatribas. No tiene punto de defensa, por eso ataca, y ataca a quien es el más peligroso de sus críticos y más seguro contendiente para 2018: López Obrador. Pero,   ¿Peña Nieto sabrá de veras qué es el populismo? ¿Habrá ya leído su primer libro al respecto? ¿Tendrá un análisis siquiera somero de lo que significaron los regímenes de Cárdenas, Getulio Vargas y Perón para México, Brasil y Argentina, respectivamente? ¿O se dejará llevar por la más ramplona sabiduría convencional y considerará “populista” al lamentable ejercicio autoritario de Luis Echeverría?

A mitad de su gestión, Peña Nieto tiene por qué estar muy preocupado. Y más le vale salir de su oasis porque el 2018 no será un espejismo. Ni el 2017, ni el 2016.

 

 

 

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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