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Opinión

Peña Nieto: ¿oasis o espejismo? por Victor M. Quintana S.

PEÑA NIETO: ¿OASIS O ESPEJISMO?

Por: Víctor M. Quintana S.

El gran mérito de los informes presidenciales es que revelan la distancia que hay entre el país que se nos quiere hacer ver desde el poder y el país realmente existente, el que vivimos  y padecemos. En el tercer informe de Peña Nieto es evidente que, visto desde su oasis, el desierto en que vivimos la mayoría de los mexicanos es un espejismo; pero visto desde nuestro desierto, su oasis es el espejismo.

Puede ser que, al comenzar el sexenio, el oasis no era todavía un espejismo. Era una especie de tierra prometida a un pueblo que tenía ya 30 años vagando por los desiertos de las políticas de ajuste estructural, de salarios que no crecían y pobreza que no disminuía. Un pueblo que, encima tenia sobre sí seis años de guerra contra el narcotráfico con su cauda de masacres y desapariciones. Aunque había más razones para el escepticismo, se imponía el wishful thinking: un pensar deseando que las promesas se cumplieran.

A sellar esa visión prometedora contribuyeron también la prensa extranjera, con su “mexican moment”, y las loas a las intenciones reformistas del nuevo presidente, así llegara empujado por la más enorme y sofisticada compra de votos de que se tenga memoria. Y, sobre todo, el que los dos principales partidos fuera del gobierno: el PAN, a la derecha, y el PRD, a la izquierda, confirmaran la apuesta por Peña Nieto celebrando el Pacto por México para subirse al carro de las reformas. Del apretón de manos de aquel diciembre les quedó a los líderes panistas y perredistas una marca al fuego que ni los más estridentes deslindes pueden borrar.

Metieron toda la carne al asador por las consabidas reformas. Para salvar un poco la cara, el PAN no apoyó la fiscal y el PRD no apoyó la energética. Aun así, el concurso de uno u de otro fue decisivo para que el PRI restablecido en el poder saliera triunfante con dos orejas y rabo…mismos que se les están pudriendo en las manos. Porque en este país de poco sirve reformar si no se le confiere primero credibilidad al gobierno con hechos contundentes contra la corrupción. Guatemala acaba de mostrar que nos lleva años de ventaja en la materia: no tendrá tantas leyes contra la corrupción, no tendrá un zar (zarecito) contra la corrupción, como Virgilio Andrade, el amigo de Peña Nieto, pero acaba de deponer al presidente de la república y de llevar a la cárcel a la vicepresidenta.

Las reformas en materia fiscal, económica y energética, no han logrado  dinamizar la trastabillante economía del país. El gobierno de Peña Nieto lleva una tasa de 1.4% de crecimiento anual promedio, contra un 1.8 del sexenio de Felipe Calderón y un 2.3% del sexenio de Fox. El más  mediocre de los mediocres. Ha generado un millón 400 mil empleos en tres años, cuando esa cifra es la que se requiere tan sólo para dar cabida a todos quienes llegan al mercado de trabajo cada doce meses; 2014 fue el año en que menos empleos se crearon desde 2006. El peso se ha devaluado casi un 50%, en buena parte por “factores externos”, pero, eso no sucedería con una economía más sólida, por ejemplo, que no tenga que importar 27 mil millones de dólares anuales en alimentos básicos, 5 mil millones de dólares más de lo que nos llega por las reservas de nuestros migrantes. Adicionalmente, nuestras reservas se disminuyen en varios cientos de millones de dólares diariamente porque el Banco de México los vende a precio subsidiado a los ricos para que no dé más tumbos nuestro maltrecho peso.

El espejismo que vendieron Peña Nieto y sus aliados el PVEM y el PAN en materia de reforma energética es que estas reformas dinamizarían como nunca la economía. Incluso propusieron dos escenarios de crecimiento: uno sin reformas y otro, con reformas. Las impusieron, cedieron demasiado y no logramos nada: la ronda uno de subasta de concesiones de explotación de hidrocarburos sólo arrojó dos asignados de trece disponibles. La economía, lejos de reactivarse, se estanca a ritmos inferiores incluso a los que nos había dicho crecería sin reformas.

La prueba del fracaso de la política social es el reciente relevo de Rosario Robles al frente de la SEDESOL: tan sólo entre 2012 y 2014 el número de pobres de este país aumentó en dos millones. Desde 1992 el porcentaje de pobres se ha mantenido prácticamente el mismo, y, sin embargo, cada vez se gasta más en programas sociales asistenciales. Más dinero en lo social produce más pobres; más dinero para agricultura genera más importaciones de alimentos, ese es el gran contrasentido de la política neoliberal de Peña Nieto.

El informe oculta que nuestro gobierno tiene dos baldones ante la opinión púbica internacional: el primero, la inseguridad y atropellos a los derechos humanos; el segundo, la corrupción. El número de homicidios dolosos en lo que va del sexenio –según el semanario Zeta, de Tijuana, la fuente más confiable al respecto- supera ya los 52 mil, más que en el mismo período de tiempo, ya sea al principio, ya sea al final del régimen de Felipe Calderón. La Segob reconoce más de 25 mil desapariciones forzadas en todo el país, en primer lugar, la de los 43 de Ayotzinapa. Hay casos emblemáticos donde está comprobada la intervención de fuerzas del Estado en la masacre: Apatzingán, Tanhuato, Tlatlaya, Ostula. Somos líderes internacionales en asesinato de periodistas, más que el Estado Islámico.

La raíz de que todo lo anterior no se mejore o se empeore, es la corrupción medular en el aparato de Estado. ¿Cómo se puede animar un inversionista extranjero en invertir en México si la agencia de noticias financieras Bloomberg destapa el conflicto de intereses del Secretario de Hacienda cuando una empresa le regala prácticamente su mansión dominguera de Malinalco? ¿Cómo aventurarse a entrarle al negocio de la energía cuando los primeros que llegan ahí son los propios “reformadores”, tanto del PRI como del PAN, con Fox a la cabeza? ¿Cómo confiar en el gran programa de Peña Nieto, el de la infraestructura, si en todos los casos hay empresas favorecidas como HIGA u OHL?

A Peña Nieto le faltan muchas cosas, pero la más importante es la confianza de su pueblo. Si algo tuvo la ha ido perdiendo de forma más acelerada que el peso su valor. Eso le provoca terror. Por eso, en su largo mensaje político del Tercer Informe arremete duro contra “el populismo”. A falta de argumentos, buenas son las diatribas. No tiene punto de defensa, por eso ataca, y ataca a quien es el más peligroso de sus críticos y más seguro contendiente para 2018: López Obrador. Pero,   ¿Peña Nieto sabrá de veras qué es el populismo? ¿Habrá ya leído su primer libro al respecto? ¿Tendrá un análisis siquiera somero de lo que significaron los regímenes de Cárdenas, Getulio Vargas y Perón para México, Brasil y Argentina, respectivamente? ¿O se dejará llevar por la más ramplona sabiduría convencional y considerará “populista” al lamentable ejercicio autoritario de Luis Echeverría?

A mitad de su gestión, Peña Nieto tiene por qué estar muy preocupado. Y más le vale salir de su oasis porque el 2018 no será un espejismo. Ni el 2017, ni el 2016.

 

 

 

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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