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México

Peña Nieto también se siente espiado

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, rechazó que los recursos tecnológicos del Gobierno federal sean utilizados para trabajos de espionaje a periodistas, activistas o a ciudadanos en general, y aseguró que él también se ha sentido vigilado mediante su teléfono celular, de parte de números telefónicos desconocidos.
“Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como Presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco, pero procuro, en todo caso, ser cuidadoso de lo que hablo telefónicamente. No faltará que alguien, o que alguna vez exhiban una conversación mía, ya ha ocurrido”, dijo el Mandatario en la inauguración del Parque Colinas de Lagos, en el municipio de Lagos de Moreno.
El lunes, el periódico estadounidense The New York Times publicó que defensores de los derechos humanos, periodistas y otros actores son vigilados por medio de un programa de espionaje llamado “Pegasus”, adquirido por el Gobierno mexicano a una empresa israelí con la condición de que fuera usado sólo contra la delincuencia y el terrorismo.
En una primera reacción a la publicación, la Presidencia de México dijo ese mismo día que no había prueba alguna de que agencias del Gobierno sean responsables del supuesto espionaje, aunque no negó la acusación.
Al afirmar que en su administración ha habido tolerancia y respeto a las voces críticas, Peña Nieto dijo ayer que ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que inicie una investigación para deslindar responsabilidades y determinar si las afirmaciones del supuesto espionaje tienen sustento. Aseguró que ninguna de las personas que se sienten agraviadas puede afirmar o mostrar evidencias de que su vida se haya visto afectada “por estas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”.
Dijo que el programa y equipo de inteligencia que tiene el Gobierno federal es utilizado para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de las personas, y arremetió: “Resulta muy fácil señalar y apuntar, resulta muy fácil convocar para que se señale al Gobierno como una entidad que espía. Nada más falso que eso, porque ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar, mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones”.

El Informador

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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