El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina se sentó en el banquillo de los acusados y negó ante el juez pertenecer a «la línea», una red de exfuncionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para ayudarles a evadir impuestos.
El exgobernante enfrenta su segundo día de audiencia luego de que el juez Miguel Angel Gálvez le dictó prisión provisional para garantizar que regresara a enfrentar las acusaciones de la fiscalía que lo vinculan a la red de evasión fiscal y corrupción.
«Lo primero que quiero negar, no pertenezco a la línea» dijo. «No reconozco, sino niego lo que empezó a decir el representante del Ministerio Público» agregó.
La fiscalía trata de sustentar ante el juez que Pérez Molina conocía de las actividades de «la línea», por lo que presentó 77 escuchas telefónicas de más de cinco horas de grabación, luego presentó documentos encontrados en allanamientos hechos a diversas oficinas de los supuestos integrantes de la red en los cuales se detallaban cómo se repartían los sobornos recibidos.
«Yo señor juez no voy a poner mi dignidad, mi trabajo, ni el esfuerzo que he hecho por Guatemala por 800 mil», afirmó el exmandatario en alusión a las cifras presentadas por la fiscalía.
Según el fiscal José Antonio Morales , «la estructura por abajo del 1 y 2 (como se le conocía en la red a Pérez Molina -1- y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti -2-) recibía el 50 por ciento y el 1 y la 2 recibían el otro 50 por ciento» de los sobornos recibidos.
Pérez Molina dijo a The Associated Press que pasó la noche incómodo y que alcanzó a dormir poco. «Ninguna cárcel es buena», dijo sobre la noche en una prisión civil, ubicada dentro del cuartel militar de Matamoros.
«Espero que el juez me dé una medida sustitutiva», dijo en alusión a una alternativa diferente a la prisión, que según las leyes guatemaltecas, puede ser el pago de fianza o arresto domiciliario, entre otras.
El expresidente agregó a su defensa al abogado Moises Galindo y su seguridad ya no está a cargo de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad, sino en manos del Sistema Penitenciario del país.
La fiscalía y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala anunciaron en abril la desarticulación de la presunta organización criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares para evadir impuestos y que estaba s, estaba supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la ex vicepresidenta.
Al menos cien personas están siendo investigadas por el caso de «La Línea». Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar a su cargo en mayo y se encuentra detenida preventivamente, acusada de haber recibido al menos 3.7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.
Fuente El Financiero