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Periodista de Guerrero cruza con papeles a EU y pide asilo; lo tienen en prisión deplorable

Reporteros sin Fronteras (RSF) pidió a las autoridades estadounidenses que pongan en libertad al periodista mexicano Martín Méndez Pineda para poder presentar “dignamente” su demanda de asilo, teniendo en cuenta que está “perseguido y amenazado de muerte en su país”.
El responsable para Latinoamérica de RSF, Emmanuel Colombié, reclamó en un comunicado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos “que ponga en libertad cuanto antes a Martín Méndez Pineda”.
“El periodista, perseguido y amenazado de muerte en su país, debe poder presentar libre y dignamente su solicitud de asilo político ante un juez de inmigración”, añadió Colombié.
El reportero de Novedades Acapulco del estado de Guerrero lleva 60 días en un centro de detención de El Paso, en Texas (Estados Unidos), ya que había decidido dejar su periódico por las amenazas que había recibido en los últimos meses y buscar asilo en Estados Unidos.
El reportero Cecilio Pineda es ejecutado en Tierra Caliente, Guerrero; van 28 periodistas asesinados con EPN
Aunque pasó la prueba de las autoridades de inmigración sobre la realidad de la amenaza en México, no ha obtenido todavía una respuesta positiva a sus demandas y continúa encerrado en el centro de El Paso en “condiciones deplorables”, de acuerdo con su abogado Carlos Spector.
En el origen de su decisión de exiliarse en Estados Unidos están varios hechos ocurridos en 2016, empezando por los insultos y la agresión de la que dice fue objeto por agentes de la Policía federal el 22 de febrero de 2016 cuando cubría para su periódico unas detenciones violentas tras un accidente de tráfico.
Semanas después -señaló Reporteros- fue amenazado de muerte frente a su domicilio por individuos armados.
Primero presentó una queja con esos elementos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero como las intimidaciones continuaron -amenazas de muerte con llamadas anónimas a su domicilio- a comienzos de año se decantó por huir a Estados Unidos.
RSF hizo hincapié en que “el ambiente de trabajo de los periodistas del estado de Guerrero es muy peligroso”. De 2003 a 2017 hubo once asesinatos y una desaparición, el último asesinato fue el de Cecilio Pineda Birto, el mes pasado.
México, en su conjunto, es “el país más mortífero para los medios de comunicación en América Latina”, añadió.

(EFE)

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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