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México

Periodistas dan la espalda a Osorio Chong; el funcionario niega espionaje

Luego de que comunicadores le exigieron justicia en el asesinato del periodista Javier Valdez, en Sinaloa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que el gobierno de Enrique Peña Nieto espíe a periodistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, porque las investigaciones son para buscar criminales.

“Nosotros rechazamos el que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto de periodistas, a algún defensor de los derechos humanos o de ONG. Nosotros rechazamos el que de parte del gobierno se estén ocupando éstos, cualquier instrumento para seguimiento o espionaje a algún medio de comunicación”, subrayó.

Luego de que ayer el diario estadunidense The New York Times publicó que el gobierno de Peña usa el malware espía Pegasus, que es de uso exclusivo de los gobiernos, el funcionario recordó que ayer la Presidencia de la República rechazó que existan pruebas de que el gobierno federal realiza espionaje.

“Hemos rechazado por supuesto tal reportaje, estamos pidiendo que exista la denuncia pertinente para que la PGR también pueda hacer la investigación al respecto, y ver si hay algún elemento al respecto”.

Osorio Chong respondió a los señalamientos de las víctimas del espionaje en una breve entrevista, al término de la reunión del gabinete federal de seguridad con el gobierno de Sinaloa y luego de que periodistas le dieron la espalda y protestaron por el asesinato de Valdez Cárdenas.

Según el funcionario, el gobierno federal usa los instrumentos de investigación para dar con criminales y destacó que, como en ningún otro momento de la historia de México, se ha capturado a los capos más peligrosos, algunos de los cuales siguen un proceso de extradición o ya han sido extraditados.

Este es el segundo posicionamiento del gobierno de Peña sobre el reportaje de espionaje del diario estadunidense publicado ayer, luego de que la Presidencia de la República alegó que “no existen pruebas” de que sea el gobierno el autor del espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.

En el caso del asesinato del periodista Javier Valdez, el secretario de Gobernación aseguró que no se ha dejado de investigar y que existe total comunicación con el gobierno del estado para darle seguimiento y celeridad a la investigación.

“Sobre el tema del hecho lamentable de Javier, son varias las acciones que se están haciendo. La PGR lo está llevando, se están siguiendo varias líneas, se están haciendo todo tipo de levantamientos e investigaciones, y por supuesto cuando se tenga elementos y sustancia para poder informar, así va a suceder. Hoy está en proceso la investigación”, atajó.

Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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