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Periodistas exigen de frente a Peña Nieto justicia

Apenas se inició la intervención del Presidente Enrique Peña Nieto, durante la presentación de acciones para la protección a periodistas, se escucharon voces de fotógrafos y camarógrafos quienes le exigieron «no más discursos» y reclamaron justicia.
Primero en una voz aislada y luego conjunta, los reporteros pidieron no más impunidad.
Dos días después del asesinato del escritor y corresponsal de La Jornada, Javier Valdez, el jefe del Ejecutivo convocó a gobernadores para generar una estrategia conjunta de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
La instancia federal en la materia tendrá más recursos (para el año actual no le fue asignado presupuesto). Aquí están inscritas actualmente 538 personas (342 defensoras y 196 periodistas).
El presidente aseguró que los crímenes no quedarán en impunidad. Anunció creación de protocolos homologados entre las entidades y la Federación para investigar y atender a las víctimas de delitos.
Dijo que estas medidas retoman las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos de la sociedad civil.
Para Peña Nieto la crítica, el derecho de disentir y la libertad de prensa son pilares de las sociedades libres.
«Lucharé hasta el último día de mi mandato para fortalecer las condiciones del ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita».
Dijo que de cara a los retos que representa el crimen organizado, México debe distinguirse por ser un país democrático y defender la libertad de expresión.
Antes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que es claro que debemos ir más allá para que los periodistas puedan realizar su labor sin restricción y sin temor. Se establecerá una ruta común y una agenda en la que no hay tiempo que perder.
En tanto, el procurador general de la Republica, Raúl Cervantes, que los ataques a periodistas son ataques a la democracia. A partir de un análisis de carpetas de investigación hemos iniciado un procedimiento de revisión, señaló.
Tenemos la obligación de trabajar de manera coordinada para llegar a autores materiales e intelectuales . Que ministerios públicos no revictimicen, indicó. Y se trabajará con fiscalías estatales para combatir la impunidad, agregó.
Miguel Ángel Mancera, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se refirió al derecho de la libertad de expresión y condenó el asesinato de Javier Valdez y de cualquier otro trabajador de medio de comunicación caídos en el ejercicio de su labor.
«La delincuencia no puede acribillar a los periodistas sin que haya consecuencias», subrayó el jefe de Gobierno.
Asumimos compromisos para investigar con resultados evaluables, dijo Mancera: crear u homologar fiscalías en instancias estatales de libertad de expresión; mapas de riesgo a periodistas; dar cumplimiento cabal a la recomendación de derechos humanos para generar mecanismos de prevención.
A la reunión celebrada en Los Pinos acudieron también embajadores y se rindió un minuto de silencio por los periodistas asesinados.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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