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Critica abuela de niños vendidos en Sonora, que se les deje permanecer con padres ‘adoptivos’

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Todos los bebés recién nacidos que fueron arrebatados de los brazos de sus madres y vendidos por funcionarios del DIF en Sonora regresarán con las personas que pagaron por ellos hasta 150 mil pesos, debido a que el procurador general de Justicia del estado consideró que esas familias venían haciendo un buen trabajo en la crianza con los infantes.

El fiscal Carlos Alberto Navarro Sugich anunció en conferencia de prensa que renunciará al proceso penal contra las 14 personas, entre parejas y madres solteras, acusadas de suposición, supresión, ocultación y sustitución de infante, que se castigan con una pena de entre seis meses y seis años de cárcel, al considerar el interés superior de los menores.

“Hemos reflexionado mucho y no hay ninguna duda que debe prevalecer el interés superior del menor. Hemos analizado también la actitud de los hombres y mujeres que los criaron, quienes en todo momento colaboraron con las autoridades. Es por eso que iniciamos conversaciones con los padres y madres que acogieron a los pequeños.

“Después de haber analizado a conciencia la situación, estamos de acuerdo en que el mejor lugar para que esos niños se desarrollen es que regresen a las casas que ellos conocen”, afirmó.

El fiscal estatal dijo que el acuerdo con las familias que pagaron por un hijo fue tomar muestras de ADN a los infantes, para que en caso de que aparezcan los padres biológicos a reclamarlos se cotejen las pruebas de paternidad y se decida en cada caso el destino de los niños.

Las personas que accedieron a pagar para tener un hijo cometieron una acto ilegal “y es injusto que por nuestra condición de pobreza las autoridades del gobierno de Sonora nos arrebaten a nuestros niños”, afirmó María Concepción Parra, abuela de una bebé recién nacida que a la fuerza fue arrancada de los brazos de su madre drogadicta por un funcionario del DIF Estatal.

La señora, de 50 años de edad, advirtió que hará todo lo posible para lograr reencontrarse con su nieta, quien llevaba por nombre Rosario Imelda Campos Parra, a quien hace más de dos años que no ve, pero estuvo a cargo de su crianza durante sus primeros diez meses de vida.

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Marzo será el mes de las mujeres en el Estado de Chihuahua

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Las mujeres han sido clave en el desarrollo social, cultural, económico y político del Estado, pero continúan enfrentando desigualdad, discriminación y violencia que restringen el pleno ejercicio de sus derechos, por ello, el Congreso del Estado declaró el mes de marzo como “Mes de las Mujeres”, acto que representa una acción afirmativa que busca fortalecer la participación social e institucional en torno a los derechos humanos de las mujeres.

Fue la diputada Irlanda Márquez Nolasco presidente de la Comisión de Igualdad dio lectura al dictamen correspondiente, en el cual se detalla que la ONU ha establecido como objetivo número 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, por ello la necesidad de fortalecer las acciones necesarias.

El 8 de marzo de cada año, es reconocido a nivel mundial como el Día Internacional de la Mujer, fue en el año de 1975 establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una fecha conmemorativa para reconocer su igualdad, justicia y participación plena en la sociedad, a esta conmemoración se unen las mujeres de todos los continentes; por ello, Chihuahua refuerza las acciones con la declaratoria, a fin de convertir al mes citado, en un periodo dedicado a acercar la historia, la cultura y las diversas realidades de las mujeres a la sociedad.

Es importante destacar que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará; así como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen la responsabilidad del Estado para impulsar políticas públicas, acciones de capacitación y programas de sensibilización dirigidos a eliminar la violencia y garantizar la igualdad sustantiva.

Cabe destacar que la iniciativa que dio origen a esta declaratoria, fue presentada por la diputada América Aguilar Gil.

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