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Pertenencias y ropa de Mara son halladas en casa de Tlaxcala

En un cateo realizado por autoridades ministeriales de Puebla y Tlaxcala, fueron encontrados objetos personales, rastros de sangre y ropa que al parecer pertenecen a la estudiante de la UPAEP, Mara Castilla.

El secuestro de la joven ha desatado una ola de indignación no sólo en Puebla, sino en todo el país. La estudiante tomó un taxi Cabify que, se supone, son seguros. Pero nunca llegó a su casa. Desapareció y la policía no ha podido establecer por qué, cómo. Y en dónde está.

El resultado del cateo se anexará a las pruebas presentadas este día por la audiencia de vinculación a proceso de Ricardo Alexis N. principal sospechoso y chofer del automóvil Cabify que tomó la estudiante de 19 años la madrugada del 8 de septiembre.

Según confirmaron fuentes dentro de la Fiscalía General del Estado, la sangre encontrada será cotejada con la de Ricardo Alexis N. ya que se le tomaron pruebas de sangre para confirmar con su ADN.

El cateo se realizó dentro de una casa en un fraccionamiento en la zona de Santa Ursula Zimatepec, perteneciente al municipio de Yauhquehmecan, en Tlaxcala.

El día de ayer un juez de Control del estado de Puebla dictó este jueves prisión preventiva en contra del chofer de Cabify, Ricardo Alexis N., por el delito de privación ilegal de la libertad cometido en contra de la joven Mara Castillo, desaparecida la madrugada del 8 de septiembre cuando solicitó el servicio de transporte privado.

Además, el juez le dio 10 horas al chofer para que nombre a un nuevo abogado, pues detectó que su defensor actual, Juan Carlos Sandoval, no tiene el conocimiento necesario para seguir defendiéndolo.

El Ministerio Público a cargo del caso reveló que tanto el celular de Ricardo Alexis como el de Mara Castilla registraron actividad en el municipio de Santa Úrsula Zimatepec, Tlaxcala, entre el 8 y 9 de septiembre.

Fuentes que trabajan con el tema de trata de personas explicaron a Periódico Central que en este municipio operan muchos de los capos que se dedican a la compra y venta de mujeres para explotación sexual.

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) condenó este jueves la escalada de violencia en la entidad y exigió a las autoridades el rescate inmediato de Mara Castilla, su estudiante desaparecida desde el pasado 8 de septiembre.

“Hace una semana Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante de Ciencias Políticas de la UPAEP, fue privada de su libertad y hasta este momento no sabemos dónde está, ni en qué condiciones se encuentra. Sólo sabemos que fue arrancada de su familia, de su entorno y de la universidad”, expresó la casa de estudios en un comunicado.
Agregó que ante la escalada de inseguridad y violencia que continúa en el estado, Gobernador por panista Antonio Gali Fayad, “la comunidad universitaria exige la acción pronta y expedita de la justicia” para que la joven de 19 años regrese con bien a su hogar.

Este jueves, estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla salieron por las calles aledañas a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al campus de la casa educativa para exigir la aparición de Marca Castilla.

De acuerdo con Periódico Central alumnos circularon por los cruceros del Boulevard 5 de mayo y de la 23 Sur y 13 Poniente. Con pancartas y lonas exigían a las autoridades encontrar pronto a la joven de 19 años, así como dar a conocer a la ciudadanía cualquier información.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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