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Resto del mundo

Perú ordena prisión para ejecutivos vinculados a sobornos de Odebrecht

Un juez peruano ordenó el lunes la prisión preventiva de cuatro ejecutivos y ex ejecutivos de tres grandes empresas constructoras locales que fueron socias de la brasileña Odebrecht, en medio de una investigación de sobornos para ganar contratos en el país andino, informó la fiscalía.

El juez Richard Concepción Carhuancho sentenció la prisión por 18 meses para directivos de Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, investigados por los delitos de «colusión agravada y lavado de activos».
Según la fiscalía, los ejecutivos de las firmas peruanas que fueron socias de Odebrecht en la construcción de una carretera que une Perú con Brasil participaron en el pago de sobornos de 20 millones de dólares al ex presidente Alejandro Toledo, en cuyo gobierno (2001-2006) se aprobó la ejecución de la obra.
Sobre Toledo, quien reside en Estados Unidos, pesa una orden de arresto con fines de extradición por el mismo caso.

Tras una audiencia que se prolongó por más de 12 horas, el magistrado ordenó prisión para José Alejandro Graña Miro Quesada, quien renunció a su cargo de presidente del directorio de Graña y Montero en febrero, y para el ex directivo de la firma constructora Hernando Alejandro Graña Acuña.

Asimismo, se determinó también la prisión preventiva para Fernando Martín Gonzalo Camet, presidente de JJC Contratistas Generales; y para José Fernando Castillo Dibós, gerente de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales.

Imágenes de la televisión local mostraron a los cuatro sentenciados ingresando esposados a la sede del Poder Judicial de Lima, que deberá en las próximas horas determinar la cárcel a la que serán trasladados, según la fiscalía.

Representantes de los sentenciados no estuvieron disponibles de inmediato para comentarios. En la audiencia judicial, los abogados de los ejecutivos negaron la participación de sus defendidos en la trama de corrupción.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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