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Perú ordena prisión para ejecutivos vinculados a sobornos de Odebrecht

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Un juez peruano ordenó el lunes la prisión preventiva de cuatro ejecutivos y ex ejecutivos de tres grandes empresas constructoras locales que fueron socias de la brasileña Odebrecht, en medio de una investigación de sobornos para ganar contratos en el país andino, informó la fiscalía.

El juez Richard Concepción Carhuancho sentenció la prisión por 18 meses para directivos de Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, investigados por los delitos de «colusión agravada y lavado de activos».
Según la fiscalía, los ejecutivos de las firmas peruanas que fueron socias de Odebrecht en la construcción de una carretera que une Perú con Brasil participaron en el pago de sobornos de 20 millones de dólares al ex presidente Alejandro Toledo, en cuyo gobierno (2001-2006) se aprobó la ejecución de la obra.
Sobre Toledo, quien reside en Estados Unidos, pesa una orden de arresto con fines de extradición por el mismo caso.

Tras una audiencia que se prolongó por más de 12 horas, el magistrado ordenó prisión para José Alejandro Graña Miro Quesada, quien renunció a su cargo de presidente del directorio de Graña y Montero en febrero, y para el ex directivo de la firma constructora Hernando Alejandro Graña Acuña.

Asimismo, se determinó también la prisión preventiva para Fernando Martín Gonzalo Camet, presidente de JJC Contratistas Generales; y para José Fernando Castillo Dibós, gerente de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales.

Imágenes de la televisión local mostraron a los cuatro sentenciados ingresando esposados a la sede del Poder Judicial de Lima, que deberá en las próximas horas determinar la cárcel a la que serán trasladados, según la fiscalía.

Representantes de los sentenciados no estuvieron disponibles de inmediato para comentarios. En la audiencia judicial, los abogados de los ejecutivos negaron la participación de sus defendidos en la trama de corrupción.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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