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México

PGJDF exonera a Gutiérrez de la Torre

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no ejercerá acción penal en contra del ex presidente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, al no demostrar la participación del político en los delitos de lenocinio y trata de personas. El priistas fue señalado desde hace un año de liderar una red de prostitución.

El despacho que dirige Rodolfo Ríos Garza entregó al Juez 14 de Distrito de Amparo en Materia Penal, la resolución en torno al expediente de investigación contra Gutiérrez de la Torre, quien obtuvo la protección del Poder Judicial Federal a inicios de este año.

A pesar de que se contó en el expediente con más de 318 declaraciones, 587 elementos diversos entre interrogatorios que incluyeron a trabajadores y ex trabajadores del PRI, así como una serie de peritajes y la revisión de llamadas, el agente del Ministerio Público no encontró elementos para ejercer acción legal en su contra.

Será en el transcurso de este jueves la determinación del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales.

Este miércoles 8 de julio el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, Alberto Díaz instruyó que se resolviera la situación jurídica de Gutiérrez de la Torre por lo que el agente del Ministerio Público Investigador Titula de la Unidad A-3, Francisco Soriano Velasco, dio a conocer que no se encontraron pruebas de la presunta red de prostitución denunciada el dos de abril de 2014 en el espacio MVS Noticias conducido entonces por la periodista Carmen Aristegui.

Tras el escándalo, el Revolucionario Institucional removió de su cargo Gutiérrez de la Torre como dirigente capitalino del tricolor. El priista ha rechazado las acusaciones en su contra y ha señalado que se trata de un un montaje.

Con información de MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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