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PGR accederá a datos de INE para identificar a desparecidos

Con el fin de identificar a personas extraviadas o desaparecidas, la PGR, Tribunales Superiores de Justicia, las Procuradurías y Fiscalías, así como los Institutos de Medicina Forense de todo el país, podrán acceder a la base de datos multibiométrica del Instituto Nacional Electoral (INE).

Así lo establece el acuerdo firmado este martes por la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez; el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Edgar Elías Azar.

Al respecto, Córdova Vianello afirmó que de los 83.5 millones de registros incluidos en el padrón electoral al 31 de agosto, 59.86 por ciento representa los datos de más de 50 millones de personas que cuentan con 10 huellas dactilares por cada registro, lo que representa una base de datos de más de 500 millones de huellas.

La base de datos multibiométrica de la autoridad electoral a nivel nacional constituye la fuente de información más segura y confiable que existe en nuestro país para identificar a los mexicanos de 18 años y más, de ahí la importancia de este convenio”, resaltó.

En las instalaciones de la PGR, agregó que “se trata además que esa base de datos pueda tener un valor adicional al electoral y facilite a las instituciones responsables de la impartición y administración de justicia la pronta identificación de las personas que han sido encontradas en el cumplimiento de sus atribuciones”.

En ese sentido, el consejero presidente garantizó la confidencialidad de la información en posesión del INE, la cual está mandatada por la Constitución, en la que se establece contar con un canal institucional y mecanismos claramente definidos.

Esto para que las huellas dactilares de las personas conceptualizadas como desconocidas o desaparecidas puedan ser identificadas en la base de datos del padrón electoral.

En su oportunidad, la titular de la PGR, Arely Gómez González, detalló que este convenio permitirá compartir la información contenida en las bases de datos del INE, tanto de identificación biométrica, como de huellas dactilares, lo que incrementa de forma notable la posibilidad de identificar con certeza a las personas no localizadas.

La firma de este convenio constituye un acto fundamental y urgente, en la consecución de una actuación pública que no sólo busca cumplir una función legal, sino que lo hace con estricto apego a las obligaciones y deberes, es decir, con absoluto apego a los derechos humanos”, apuntó.

La funcionaria indicó que es obligación de la autoridad brindar el mayor apoyo posible a toda personas que se encuentre en la dolorosa situación de estar buscando a un familiar; es por ellas que se está creando un mecanismo de colaboración institucional de gran calado.

Por su parte, Edgar Elías Azar, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, aseveró que los hechos violentos han tenido como consecuencia la desaparición de personas, por lo que se requieren acciones estratégicas para combatir este problema.

Destacó que la actuación de las autoridades debe ser rápida y efectiva para salvaguardar la integridad de los individuos, detener la comisión del delito, prevenirlo y sancionarlo.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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