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México

PGR endurece medidas cautelares con Elba Esther; es una presa política: defensa

La defensa de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, denunció que su cliente ya se convirtió en una “presa política”, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) endureció las medidas cautelares contra la ex secretaria general del PRI.

En conferencia de prensa a las afueras del departamento de la ex dirigente magisterial, el abogado Marco del Toro informó que la tarde de este jueves la Policía Federal Ministerial, por orden del director Aarón Pereyra, impidió la entrada del médico de Elba, así como de uno de sus nietos e incluso de amigos.

Agregó que esta decisión de la PGR es resultado del proceso electoral y destacó que el Juez Sexto de Distrito, encargado del caso, le confirmó que no ordenó ninguna medida adicional de seguridad.

“El día de hoy se confirma el carácter de presa política que tiene la maestra Elba Esther Gordillo, esto es causa efecto de un periodo electoral, en donde a la maestra Gordillo se le atribuye vinculación con uno de los candidatos políticos y por consiguiente viene a ahondar o a sumar esta persecución que se inició a partir del inicio de este gobierno por el mero hecho de haberse opuesto a una reforma educativa que tenía contenidos meramente administrativos y no de fondo educativo”.
Ante ello, el litigante pidió no usar la política para intervenir en los procesos judiciales.

“La política no puede intervenir en los procesos judiciales, una persona no pude ser detenida por el mero hecho de tener una cuestión opositora a determinada decisión gubernamental. Inventar delitos, acusar a personas de manera indigna, aprovecharse del sistema de justicia, el privar de comunicación a una persona solamente porque se encuentra en una etapa electoral y porque se presume algún tipo de vinculación con un candidato, resulta violatorio de sus derechos fundamentales y no lo vamos a permitir”.

Marco del Toro dijo que es de llamar la atención que la PGR haya endurecido las restricciones contra su cliente, justo cuando este viernes se realizará una audiencia en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales en el Reclusorio Oriente.

Asimismo, adelantó que en las próximas horas ampliarán su queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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