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México

PGR y padres de los 43 preparan audiencia ante CIDH

La Procuraduría General de la República (PGR) y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, expondrán sus posturas sobre la investigación del caso Iguala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este viernes, después de que suspendió la reunión de la semana pasada.

Para la audiencia pública “Mecanismo especial de seguimiento del asunto Ayotzinapa”, se tendrá la participación del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, así como funcionarios de las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE).

Por parte de los padres, asistirán Mario González, Cristina Bautista y Josefina García, cuatro representantes de organizaciones coadyuvantes, el representante legal Vidulfo Rosales y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

“Las expectativas son grandes, a ver si se pueden lograr, por eso vamos para exigir y pedir otras cosas para que lleguemos a la verdad, porque el Estado mexicano siempre nos ha ocultado la verdad y se está protegiendo a políticos que participaron en su momento en la situación 2014, para nosotros es muy relevante que sigan las líneas de investigación y las recomendaciones del GIEI”, comentó en entrevista telefónica Mario González, padre de César Manuel González Hernández.

“Si, por una parte vamos a ver que está pasando para que ya empiece a trabajar y exigir que se quede más tiempo y a ver cómo se le puede hacer, porque no se ha hecho nada, que la complicidad y la impunidad sigue existiendo en las dependencias”, señaló González.

Se realizarán tres audiencias públicas más donde estará el gobierno federal, primero se tratará la independencia y autonomía del sistema de procuración de justicia en México, después la “situación de derechos humanos de personas solicitantes de asilo y refugiados en nuestro país y finalmente “el derecho a la verdad en casos de violaciones graves de derechos humanos en México”.

Sin embargo, esta cita estará marcada por la renuncia de Enrique Gil Botero, relator de derechos humanos para México y quien encabezaba el “Mecanismo de Seguimiento” a las víctimas del caso Iguala.

Noticias MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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