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México

Pide Campa no satanizar escuelas en combate al ‘bullying’

Ante el acoso en las escuelas, el gobierno federal se alista para cambiar las reglas en los planteles escolares a fin de atajar este problema; al mismo tiempo aplicará una encuesta para determinar, entre otros factores, las características y origen del bullying.

México, DF. Ante el acoso en las escuelas, el gobierno federal se alista para cambiar las reglas en los planteles escolares a fin de atajar este problema; al mismo tiempo aplicará una encuesta para determinar, entre otros factores, las características y origen del bullying.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación (SG), advirtió que es necesario definir “límites” en las escuelas pero no satanizarlas.

“Es importante visibilizar este problema; sería un error ocultarlo. Sin embargo, resulta a todas luces inconveniente satanizar las escuelas porque, sobre todo en las zonas más violentas del país, las escuelas son un espacio de protección que debemos mejorar”, expresó.

También alertó acerca de algunas características que está tomando el bullying, desde alumnos que se burlan o ponen apodos hirientes a sus compañeros; personas que esparcen rumores o mentiras “y compañeros que se han llegado a drogar o a consumir alcohol dentro y fuera de la escuela; maltrato, golpes”.

La segunda premisa es que la violencia es un síntoma de lo que pasa en el ambiente externo y refleja la problemática de violencia familiar y comunitaria.

El tercero: se debe impulsar de manera especial la violencia escolar, la cual es un medio efectivo para la resolución pacífica de los conflictos.

Dijo que la información actual no está actualizada y, por ello, resulta insuficiente e inconsistente, por lo que se requiere una estrategia integral que involucre a toda la comunidad educativa (estudiantes, maestros, directivos y padres de familia) pero también a la sociedad en general, incluidos los medios de comunicación.

El subsecretario insistió en la necesidad de generar mecanismos de prevención del acoso escolar para dotar a niños y jóvenes de herramientas ante la violencia intrafamiliar y en el entorno escolar.

Como se ha difundido, la SG aplicará en 82 mil 250 viviendas la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. Se encuestará al jefe o jefa de familia, a adolescentes entre 12 y 29 años y, por tanto, se generará información de la situación de las comunidades.

Se evaluará la actitud de los jóvenes pero también la de los maestros.

La Jornada

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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