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Pide CCE no criminalizar el ‘outsourcing’

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“El modelo del ‘outsourcing’ (subcontratación) no se debe criminalizar“, consideró este miércoles Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, durante una conferencia de prensa.

Salazar Lomelí señaló que existen bastantes problemas de seguridad en México como para preocuparse por criminalizar a los empresarios y añadió que “parecería que cualquier iniciativa tiene que ir a tratar de tener la amenaza de la criminalización”, en referencia a la iniciativa del senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, que propone lo siguiente: “la simulación de subcontratación de personal puede, además de tener consecuencias previstas en esta ley, resultar delictiva”.

Al posicionarse en contra de la propuesta de Gómez Urrutia contra la subcontratación, el CCE no está defendiendo los intereses de las grandes empresas, opinó, sino el interés del sector obrero, “el principal afectado”. La propuesta, explicó, “afecta fundamentalmente a todos aquellos que están en contratos de tercerización”, lo cual ocurre con frecuencia en el sector de la comunicación, añadió dirigiéndose a los periodistas presentes.

“Debemos regularizar cómo se paga, cómo se dan las prestaciones, cuáles deben ser las horas sobre las cuales la persona trabaja, impuestos o prestaciones sociales, todo eso”, opinó.

Salazar Lomelí agradeció en dos ocasiones al senador de Morena Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano que aprobó posponer el análisis de la iniviativa de Gómez Urrutia y la realización de consultas con los sectores involucrados.

En cuanto al T-MEC, el presidente del CCE se abstuvo de mencionar detalles sobre los temas en los que difiere con los sectores estadounidenses que promueven acuerdos complementarios al tratado ya ratificado por México, por considerar que podría dificultar las negociaciones del gobierno federal en Estados Unidos.

Solo se refirió al planteamiento de que se permita el envío de evaluadores estadounidenses que supervisen la implementación de la reforma laboral en México. “No necesitamos que ninguna institución extranjera venga a revisar lo que es nuestra responsabilidad”, señaló.

El presidente del CCE añadió también: “dejemos al subsecretario Seade, está en Washington, es muy importante darle el espacio y sobre todo el apoyo de que el negocie en interés de México, en el interés del sector empresarial y obrero”.

Fuente: Aristegui Noticias

México

Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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