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Pide CCE no criminalizar el ‘outsourcing’

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“El modelo del ‘outsourcing’ (subcontratación) no se debe criminalizar“, consideró este miércoles Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, durante una conferencia de prensa.

Salazar Lomelí señaló que existen bastantes problemas de seguridad en México como para preocuparse por criminalizar a los empresarios y añadió que “parecería que cualquier iniciativa tiene que ir a tratar de tener la amenaza de la criminalización”, en referencia a la iniciativa del senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, que propone lo siguiente: “la simulación de subcontratación de personal puede, además de tener consecuencias previstas en esta ley, resultar delictiva”.

Al posicionarse en contra de la propuesta de Gómez Urrutia contra la subcontratación, el CCE no está defendiendo los intereses de las grandes empresas, opinó, sino el interés del sector obrero, “el principal afectado”. La propuesta, explicó, “afecta fundamentalmente a todos aquellos que están en contratos de tercerización”, lo cual ocurre con frecuencia en el sector de la comunicación, añadió dirigiéndose a los periodistas presentes.

“Debemos regularizar cómo se paga, cómo se dan las prestaciones, cuáles deben ser las horas sobre las cuales la persona trabaja, impuestos o prestaciones sociales, todo eso”, opinó.

Salazar Lomelí agradeció en dos ocasiones al senador de Morena Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano que aprobó posponer el análisis de la iniviativa de Gómez Urrutia y la realización de consultas con los sectores involucrados.

En cuanto al T-MEC, el presidente del CCE se abstuvo de mencionar detalles sobre los temas en los que difiere con los sectores estadounidenses que promueven acuerdos complementarios al tratado ya ratificado por México, por considerar que podría dificultar las negociaciones del gobierno federal en Estados Unidos.

Solo se refirió al planteamiento de que se permita el envío de evaluadores estadounidenses que supervisen la implementación de la reforma laboral en México. “No necesitamos que ninguna institución extranjera venga a revisar lo que es nuestra responsabilidad”, señaló.

El presidente del CCE añadió también: “dejemos al subsecretario Seade, está en Washington, es muy importante darle el espacio y sobre todo el apoyo de que el negocie en interés de México, en el interés del sector empresarial y obrero”.

Fuente: Aristegui Noticias

México

Mujeres ocupan posiciones clave en el poder político de México

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La presencia de mujeres en cargos de alto nivel dentro del gobierno mexicano ha crecido de manera significativa en los últimos años. Actualmente el país cuenta con su primera presidenta y con varias funcionarias en puestos estratégicos del poder federal y estatal, lo que refleja cambios en la participación femenina en la vida política nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer en asumir la Presidencia de la República tras ganar la elección de junio de 2024 como candidata de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Su gobierno inició en octubre de ese mismo año y entre sus compromisos se encuentran diversas políticas orientadas a fortalecer los derechos de las mujeres. Entre las medidas impulsadas destacan la creación de la Secretaría de las Mujeres y la reforma para garantizar la igualdad sustantiva. Sheinbaum es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió Física y posteriormente cursó una maestría y doctorado en Ingeniería Energética.

En el Poder Legislativo también hay mujeres en posiciones relevantes. Kenia López Rabadán, legisladora del Partido Acción Nacional, preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el segundo año de la LXVI Legislatura. Desde ese cargo encabeza los trabajos legislativos, incluida la discusión de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal. López Rabadán es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, además de un doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

En el Senado, Laura Itzel Castillo Juárez asumió la presidencia de la Mesa Directiva en septiembre de 2025 para el segundo año de la actual legislatura. La legisladora de Morena también tendrá la responsabilidad de conducir el debate sobre la reforma electoral en medio de las posiciones encontradas entre los partidos de oposición y los aliados del gobierno. Castillo es arquitecta por la UNAM y ha sido diputada federal y militante fundadora del PRD.

En el ámbito de procuración de justicia, Ernestina Godoy Ramos se convirtió el 3 de diciembre en la primera mujer en ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República para el periodo 2025-2034. Es licenciada en Derecho por la UNAM y anteriormente se desempeñó como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, consejera jurídica de la Presidencia y diputada local.

Otra posición relevante es la de Citlalli Hernández, quien encabeza la Secretaría de las Mujeres, dependencia que sustituyó al Instituto Nacional de las Mujeres. Comunicóloga por la UNAM, Hernández ha ocupado diversos cargos legislativos y fue secretaria general de Morena. Desde su actual responsabilidad impulsa políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres, además de trabajar en estrategias para combatir el embarazo infantil y el matrimonio forzado.

A nivel estatal también se observa una mayor presencia femenina. Actualmente hay 13 mujeres al frente de gobiernos locales, entre ellas Indira Vizcaíno en Colima, Layda Sansores en Campeche, Clara Brugada en la Ciudad de México, Margarita González Saravia en Morelos, Marina del Pilar Ávila en Baja California, Maru Campos en Chihuahua, Evelyn Salgado en Guerrero, Lorena Cuéllar en Tlaxcala, Teresa Jiménez en Aguascalientes, Delfina Gómez en el Estado de México, Mara Lezama en Quintana Roo, Libia García Muñoz Ledo en Guanajuato y Rocío Nahle en Veracruz. Estas designaciones reflejan el crecimiento de la participación de las mujeres en los espacios de decisión pública en el país.

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