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México

Pide CCE no criminalizar el ‘outsourcing’

“El modelo del ‘outsourcing’ (subcontratación) no se debe criminalizar“, consideró este miércoles Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, durante una conferencia de prensa.

Salazar Lomelí señaló que existen bastantes problemas de seguridad en México como para preocuparse por criminalizar a los empresarios y añadió que “parecería que cualquier iniciativa tiene que ir a tratar de tener la amenaza de la criminalización”, en referencia a la iniciativa del senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, que propone lo siguiente: “la simulación de subcontratación de personal puede, además de tener consecuencias previstas en esta ley, resultar delictiva”.

Al posicionarse en contra de la propuesta de Gómez Urrutia contra la subcontratación, el CCE no está defendiendo los intereses de las grandes empresas, opinó, sino el interés del sector obrero, “el principal afectado”. La propuesta, explicó, “afecta fundamentalmente a todos aquellos que están en contratos de tercerización”, lo cual ocurre con frecuencia en el sector de la comunicación, añadió dirigiéndose a los periodistas presentes.

“Debemos regularizar cómo se paga, cómo se dan las prestaciones, cuáles deben ser las horas sobre las cuales la persona trabaja, impuestos o prestaciones sociales, todo eso”, opinó.

Salazar Lomelí agradeció en dos ocasiones al senador de Morena Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano que aprobó posponer el análisis de la iniviativa de Gómez Urrutia y la realización de consultas con los sectores involucrados.

En cuanto al T-MEC, el presidente del CCE se abstuvo de mencionar detalles sobre los temas en los que difiere con los sectores estadounidenses que promueven acuerdos complementarios al tratado ya ratificado por México, por considerar que podría dificultar las negociaciones del gobierno federal en Estados Unidos.

Solo se refirió al planteamiento de que se permita el envío de evaluadores estadounidenses que supervisen la implementación de la reforma laboral en México. “No necesitamos que ninguna institución extranjera venga a revisar lo que es nuestra responsabilidad”, señaló.

El presidente del CCE añadió también: “dejemos al subsecretario Seade, está en Washington, es muy importante darle el espacio y sobre todo el apoyo de que el negocie en interés de México, en el interés del sector empresarial y obrero”.

Fuente: Aristegui Noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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