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Política

Pide Congreso que se recuperen casas abandonadas

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El Congreso Estatal exhortó al Gobierno del Estado y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), para que recuperen las miles de casas abandonadas con el fin de entregarlas a las familias de escasos recursos.

La LXIII Legislatura solicitó al Instituto de la Vivienda (IVI) y al Infonavit, que al concluir el análisis sobre la situación de la vivienda abandonada, se inicie la recuperación y regeneración urbana y social para beneficiar en primer término, a dichas familias.

Se indicó que por consecuencia de la crisis económica; aumento en las tasas de desempleo, y de la problemática social que se ha dado por la inseguridad pública, se generaron movimientos poblacionales atípicos que se manifestaron en el abandono de inmuebles.

El diputado local del PT, Rubén Aguilar Jiménez, propuso al Poder Ejecutivo Estatal para que, posterior al conteo de viviendas abandonadas en el territorio estatal, se realice la compra y la rehabilitación de las mismas para ayudar a las familias pobres.

Consideró que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades para la obtención de una vivienda y el mantenimiento de un medio ambiente sustentable, capaz de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos sin poner en riesgo el futuro de las generaciones.

“Ante la falta de vivienda, las familias más pobres son las más perjudicadas, ya que al no contar con los recursos suficientes para adquirir una vivienda digna y decorosa, se ven en la necesidad de construir viviendas en ínfimas condiciones en zonas marginadas”, dijo.

Aguilar Jiménez, explicó que cuando se hacía mención a la vivienda en materia jurídica del trabajo, era solamente para denotar la casa o morada que un patrón debía proporcionar a sus trabajadores, de acuerdo a las modalidades establecidas por la Constitución.

Sin embargo, agregó, en esta visión, los sectores de mayores necesidades y menores ingresos no fueron considerados, “es por esta razón que en las últimas décadas, se han realizado diversas reformas –federal y estatal- para asegurar el ejercicio de los derechos del ciudadano”.

“De ésta manera, el artículo 4 de la Constitución Federal dispone que “toda persona tiene derecho a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, resaltó.

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Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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