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Pide diputada sanciones más severas para quienes dejen a niños solos en el automóvil

La Presidente de la Comisión de Juventud y Niñez Marisela Terrazas, explicó que ya las Naciones Unidas tienen una reforma amplia sobre la protección que deben tener los menores por parte de sus papás o tutores.

Dijo que es necesario tomar cartas en el asunto y velar por todos los niños y personas que no tienen la capacidad de comprender de lo que sucede a su alrededor o porque no pueden valerse por sí mismos, debido a que es frecuente ver en redes sociales y en los medios de comunicación, que adultos y padres de familia dejen a los menores dentro de sus vehículos estacionados en la vía pública o en estacionamientos de establecimientos comerciales, en escuelas o cualquier otro, todo esto sin ninguna supervisión.

En nuestro Estado se ha visto esta situación de manera recurrente y que en ocasiones por suerte ha llegado la autoridad como lo son tránsitos y policías para poder salvaguardar al menor. Pero desgraciadamente, a pesar de todo el conocimiento y reclamo que se hace por parte de la sociedad, aún sigue existiendo este enorme descuido que puede acabar en una desgracia mortal para el niño.

La reforma aclara Terrazas, es con la intención de dar también mayores facultades a la autoridad para interrumpir en el lugar, ya sea automóvil o casa donde se esté cometiendo el delito. Con ello se debe tener datos ciertos, derivados de una percepción directa, que permitan considerar, razonablemente la posible comisión de una conducta delictiva.

De tal manera, es que la presente iniciativa se pretende reformar a la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua, con la finalidad de que en el caso de aquellos adultos, se trate de los padres, tutores ó que de cualquier forma los tengan bajo su cuidado, dejen a menores o a personas que no tengan la capacidad de comprender el hecho o adultos que no puedan valerse por sí mismos, dentro de vehículos estacionados, la autoridad competente de vialidad tenga la posibilidad material de ingresar a los estacionamientos de establecimientos o instituciones, lugares a los cuales tenga acceso el público en general y desde luego infraccionar a quien incurra en la falta, sin perjuicio de que diversa autoridad proceda a la detención del responsable por la comisión del delito que de manera presuntiva se esté cometiendo.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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