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Pide diputado a FGE ir contra empresas por homicidio de sus trabajadores ante contagio y muertes por COVID19

El Diputado de Morena Gustavo de la Rosa Hickerson, solicitó al Fiscal General del Estado César Augusto Peniche Espejel, actuar e investigar a las empresas que violentaron el decreto de salud para suspender actividades en sus plantas, y que obligaron a sus trabajadores continuar las operaciones, lo que trajo un aumento en los contagios e incluso la muerte de obreros.

Debido a que en Ciudad Juárez se han detonado los contagios por COVID19, al destacar obreros de la industria maquiladora, donde se tiene registro de una importante cantidad de empresas que hicieron caso omiso del acuerdo emitido por el Secretario de Salud y obligaron a sus obreros a presentarse en las instalaciones, lo que generó fuentes de contagio masivas.

El legislador atendió una serie de denuncias por parte de trabajadores, donde empresas clasificadas como NO ESENCIALES, mantuvieron y mantienen sus operaciones, lo que ocasionó que los trabajadores se contagiaran del COVID19 en el transporte de personal y líneas de producción.

De la Rosa explicó que existe una relación directa de los contagios y las empresas que no acataron el decreto, esto a fin de investigar las responsabilidades.

“Si hacemos el comparativo de los infectados o fallecidos por este virus, podremos encontrar la relación entre las personas fallecidas, los centros de trabajo y las fechas en las que fueron las defunciones y encontraremos una relación entre aquellas personas que se contagiaron entre el 1 de abril, continuaron trabajando y fallecieron, lo cual establece una presunción de relación entre la orden de presentarse a trabajar y el contagio de COVID-19 que posteriormente produjo la muerte”.

En este sentido, el diputado sostuvo que esta actitud y desacato de las empresas de la industria maquiladora, se debe a la codicia que sobrepone la remuneración económica por encima de las vidas humanas.

“Se debe investigar a aquellas personas que, con su conducta, por comisión u omisión, hayan provocado que sus trabajadores se contagiaran por obedecer las órdenes de romper las medidas de seguridad de quedarse en casa y presentarse a trabajar a la empresa responsable”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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