El diputado de Morena, Humberto Chávez Herrera, propuso este día restablecer el censo de vehículo que inició con un convenio de colaboración con el gobierno federal, en un exhorto a a federación.
El legislador manifestó que los afectados por el decomiso, son las familias que utilizan sus vehículos para sus labores diarias, además de que desde la pasada administración estatal se inició con un censo para regularizar las unidades de manera paulatina, al mismo tiempo de bloquear el acceso de más unidades desde la frontera.
“El “censo vehicular” es un instrumento que puede contribuir a la prevención, y sin vulnerar derechos ni afectar el patrimonio, bajar los índices criminales puesto que las familias que cuentan con estos vehículos acuden voluntariamente a realizar el registro correspondiente, dejando en evidencia a aquellos vehículos utilizados por el crimen organizado ayudando a la fácil identificación de estos”, manifestó el diputado.
Reconoció que ha habido un incremento acelerado de la inseguridad en el Estado los últimos meses, donde se han emprendido diversas acciones, una de ellas, en contra de éstos vehículos, convirtiéndose en una verdadera “cacería”, misma que ha afectado a gran cantidad de ciudadanos que obtuvieron en su momento un automóvil en ésta condición.
“Con preocupación vemos que una de las acciones y estrategias preventivas de delitos y hechos violentos aplicadas por el Gobierno, ha sido el destinar esfuerzos y recursos para el decomiso de vehículos, con el corto argumento de que éstos son utilizados mayormente para cometer ilícitos”, indicó.
Sostuvo que no se busca defender la ilegalidad, sino resolver un problema de manera efectiva y definitiva, facilitando la identificación y el legal registro de los datos de los propietarios y de los vehículos, precisamente para combatir entre otros problemas, la inseguridad.
Destacó la necesidad de emprender medidas para garantizar un efectivo desarrollo de la sociedad y promover la seguridad, ya que al no existir la certeza de circulación, los propietarios son sometidos a la pérdida de su patrimonio, extorsión e injusticias que sufren a manos de los diferentes tipos y niveles de autoridades.
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