Chihuahua

Pide diputado Humberto Pérez proteger a productores de manzana

Con la finalidad de proteger a los productores de manzana del estado de Chihuahua, que se han visto afectados por la introducción de manzana de Estados Unidos, el diputado del Partido Acción Nacional, Humberto Pérez Mendoza, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a cerrar temporalmente la frontera a este producto.

Mediante este punto de acuerdo, el Congreso local exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con los gobiernos estatales, «implementen un plan temporal de cierre de fronteras, con la finalidad de evitar la introducción de manzana a nuestro estado en condiciones desventajosas para los productores locales».

Además, en el mismo punto de acuerdo presentado por Acción Nacional, se insta a las autoridades federales a que garanticen que las tiendas de autoservicio del país oferten cuando menos el 50 por ciento de la manzana proveniente de proveedores locales.

Cabe señalar que otro de los obstáculos que tienen los productores locales de manzana es que los frigoríficos ya están ocupados con manzana estadounidense, por lo que también se exhorta a que se apoye la construcción de más instalaciones de esta índole, así como a establecer precios y tarifas de estímulo de energía.

Hay que recordar que Chihuahua es el líder nacional en producción de manzana, con una cifra este año de 20 millones de cajas, sin embargo, este año antes de la cosecha local, productores estadounidenses introdujeron al mercado nacional 2.5 millones de cajas, con lo que saturaron los frigoríficos y constituyen una grave amenaza para la economía de la región.

Finalmente, Humberto Pérez Mendoza dejó en claro que la defensa de los productores de manzana de la región, debe ser una prioridad para el estado, ya que son miles de empleos los que dependen de manera directa e indirecta de este rubro.

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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