Chihuahua

Pide el PAN pronta respuesta del Fiscal sobre feminicidios

La diputada, Ana Gómez Licón a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, demandó este día en tribuna que el Fiscal del Estado, Jorge Enrique González Nicolás, dé puntual respuesta ante los recientes casos de homicidios de mujeres que han estremecido a Chihuahua.

Gómez Licón señaló que es evidente que la información vertida por integrantes de la sociedad civil organizada, por un lado, y la externada por la Fiscalía General del Estado, por el otro, tienden a mostrar percepciones encontradas e incluso contradictorias, por lo que es necesario contar con elementos suficientes para definir la situación real en la que se encuentra nuestra entidad.

“La comisión de delitos de alto impacto, han tenido como víctimas mortales a mujeres de distintas edades y en distintas circunstancias; lo anterior, empaña el discurso oficial de que la violencia de alto impacto ha disminuido considerablemente en la Entidad y como muestra tenemos los dos recientes feminicidios que han estremecido nuestra sociedad y que hasta la fecha las investigaciones en torno a los dos casos no muestran avances significativos: Berenice y Esperanza”, recalcó la legisladora panista.

En este sentido, la también Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana solicitó al titular de la Fiscalía del Estado de Chihuahua responda, entre otros cuestionamientos: ¿cuántos feminicidios ocurrieron en 2013 en el Estado de Chihuahua?;¿cuántos feminicidios han ocurrido en lo que va del año en el Estado de Chihuahua?; de los feminicidios ocurridos en el Estado de Chihuahua en los últimos tres años, ¿en cuántas carpetas de investigación se han concluido favorablemente, logrando condenar a las responsables?; ¿cuál es el reporte en 2013 del número de mujeres desaparecidas en el Estado de Chihuahua?; y ¿en los últimos tres años en cuántas ocasiones se ha activado el protocolo ALBA?

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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