El Partido Acción Nacional, apegado a su condición democrática, reconoce que al candidato a presidente municipal de Coyame, del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Álvarez Nieto, los números le favorecen, luego del conteo de votos de la jornada extraordinaria celebrada ayer en dicho municipio.

Pero, de acuerdo al caudal de irregularidades presentadas previo y durante la jornada electoral, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, declaró que analizarán jurídicamente la gravedad de los delitos cometidos por funcionarios de Ojinaga, del Gobierno del Estado y gente afín al candidato priista para determinar si se presenta la impugnación de los resultados.

“Claro que no podemos ignorar las trampas y mapacherías que se presentaron antes y durante la elección de Coyame, como el acarreo masivo de electores, la compra de votos por parte del Director de Desarrollo Social y el Síndico de Ojinaga, así como la participación en estos ilícitos por parte del titular de Afiliación de la Secretaría de Salud; el reparto de citatorios y denuncias apócrifas de la Fepade, intimidación por parte de grupos policíacos, etcétera”, sentenció el dirigente estatal panista.

Por otra parte, dijo Mario Vázquez, es necesario hacer un serio señalamiento al Instituto Estatal Electoral, que preside Fernando Herrera Martínez, por su pasividad y haber ignorado las denuncias hechas por los observadores panistas, de ciudadanos coyamenses y de la propia dirigencia del partido, en franco beneficio del candidato priista.

“Pero además enviamos un reconocimiento a los 650 electorales que votaron por el candidato del Partido Acción Nacional, Roberto Cervantes, pese a las presiones, intentos de soborno y amenazas de retiro de apoyo a sus familias inscritas en programas de beneficencia de Gobierno del Estado o Federal”, expresó el líder panista.

Finalmente, Mario Vázquez, destacó que debido a lo anterior urge en Chihuahua y a nivel nacional una reforma política que limite este tipo de acciones a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que haya mayor equidad en las contiendas electorales, menos abusos de quienes ostentan el poder público y un real desprendimiento de los órganos electorales del Ejecutivo estatal.