Tres relatores de la ONU exhortaron este miércoles al gobierno de México a respaldar el trabajo de los defensores y las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, así como a contrarrestar activamente la actual campaña de difamación de estos activistas y entidades.
Las autoridades mexicanas deberían reconocer públicamente que la defensa de los derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos no es sólo una actividad legítima, sino fundamental para fortalecer el Estado de Derecho, la rendición de cuentas ante la justicia y la democracia en el país”, dijo el relator especial Michel Forst.
La solicitud se produce en medio de una ola de críticas en diversos medios mexicanos contra defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y miembros de organismos internacionales, “que está empeorando el clima para la promoción y protección de los derechos humanos en el país”, se indica en un comunicado.
Los relatores de la ONU lamentan que, en el último mes, varios defensores y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han sido acusados de fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura.
El trabajo que llevan a cabo los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil en México ha contribuido activamente a la promoción del acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad, y es especialmente importante en un contexto en el que ocurren graves violaciones de derechos humanos que en gran parte permanecen en la impunidad”, aseveró Forst.
Los relatores de la ONU también indicaron que varias organizaciones nacionales e internacionales y expertos involucrados en la investigación del caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, incluidos los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han sido objeto de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones.
Cualquier atentado contra el trabajo que llevan a cabo los defensores de derechos humanos crea un efecto disuasorio, silenciando otros puntos de vista y expresiones de disenso por parte de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión”, dijo el relator especial de la ONU sobre libertad de opinión y de expresión David Kaye.
“El gobierno debe contrarrestar tales ataques y tomar las medidas necesarias para garantizar un ambiente seguro para las personas y la sociedad civil, libre de cualquier tipo de acoso”, añadió el relator sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai.
Los tres expertos expresaron su grave preocupación en relación con los atentados personales contra los defensores de derechos humanos en México, y así lo han expresado al gobierno de México, se concluye en el texto.
