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Resto del mundo

Piden 77 años de cárcel para exprimera dama enjuiciada

La fiscalía de Honduras solicitó el martes una pena de 77 años de cárcel para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), tras haber sido hallada culpable por 11 delitos relacionados con actos de corrupción.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, confirmó la información a The Associated Press y comentó que el próximo 4 de septiembre se llevará a cabo otra audiencia en la que se dictará la sentencia para Bonilla de Lobo.
El tribunal tenía previsto dictar sentencia este martes, pero de última hora decidió sólo escuchar la petición de la fiscalía y reprogramar para la próxima semana la decisión final de cuántos años permanecerá en prisión.

El pasado 20 de agosto, la ex primera dama fue declarada responsable por tres delitos de apropiación indebida continuada y ocho delitos de fraude.

El tribunal de sentencia escuchó el martes a la fiscalía, que solicitó ocho años de cárcel por cada delito de fraude y 13 por los tres de apropiación indebida, que en total suman 77 años de reclusión. Además, solicitó que se pague una cantidad equivalente al 10% de lo apropiado de manera ilícita, lo que correspondería a más de un millón de lempiras (unos 40 mil dólares).

La defensa solicitó la pena mínima de 11 años y tres meses de prisión.

Bonilla de Lobo no llegó a la audiencia y se excusó con el tribunal de sentencia aduciendo que estaba mal de salud.

Excelsior

 

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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