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Piden a Trump reconocer a Guaidó como ‘presidente legítimo’ de Venezuela

El senador estadounidense Marco Rubio pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconocer al titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, como el «presidente legítimo» del país caribeño en lugar de Nicolás Maduro.

Animamos al presidente (Trump) a que siga adelante con lo que ya ha declarado, que es que Maduro es ilegítimo. El siguiente paso lógico es reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como el presidente legítimo», declaró Rubio tras reunirse con el mandatario en la Casa Blanca.

Trump recibió en la residencia presidencial a Rubio junto al nuevo gobernador de Florida, Ron de Santis, y los congresistas Rick Scott y Mario Díaz-Balart, todos republicanos del «estado soleado».

Rubio subrayó que Maduro, «que dice ser presidente ahora, no fue elegido» según la Constitución de Venezuela.

Maduro asumió el pasado 10 de enero un segundo mandato tras las elecciones de mayo del año pasado, en las que no participó la mayoría de la oposición y que no han sido reconocidas por gran parte de la comunidad internacional.

Desde entonces, Guaidó se ha mostrado dispuesto a asumir una presidencia interina en Venezuela y la Asamblea Nacional se atribuyó hoy las competencias del Ejecutivo y designó a un embajador especial ante la Organización de Estados Americanos (OEA)

Por su parte, Scott indicó en Twitter que sostuvieron un «gran encuentro» con Trump, y detalló que discutieron «las atrocidades causadas por el régimen de Maduro» y cómo pueden ayudar a la gente de Venezuela «a restaurar la libertad y la democracia».

Horas antes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, publicó un video en el que califica de «dictador» a Maduro, al tiempo que expresa su respaldo a la marcha convocada para mañana, miércoles, por la oposición.

Mientras hacen que sus voces se hagan oír mañana, en nombre del pueblo estadounidense le decimos a la buena gente de Venezuela: Estamos con ustedes», afirmó Pence en el video.

Estamos con ustedes, los apoyamos, y los seguiremos apoyando hasta que la democracia en Venezuela sea restaurada, y sus derechos de libertad que les pertenecen sean reivindicados», añadió.

El vicepresidente, además, reiteró que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, es el «último vestigio» de la democracia en Venezuela y reiteró su apoyo a Guaidó.

El Ejecutivo de Caracas rechazó las declaraciones de Pence e incluso el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó una «revisión total, absoluta de las relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos» y advirtió que en las próximas horas se tomarán decisiones de «carácter político y diplomático».

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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