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Piden asilo político a EU y Canadá 100 mil mexicanos por inseguridad

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Los Diputados del PRI, PAN y PRD de la Cámara de Diputados coincidieron en dichas cifras las cuales señalaron, “refleja un problema que el Estado mexicano debe atender de manera prioritaria en el combate al crimen organizado”.

Incluso el vicecoordinador jurídico del grupo parlamentario del PRI, Arturo Zamora Jiménez, señaló que “es un terrible tema el de los desplazados que reporta la ONU, y a eso se le suma que hay 60 mil mexicanos que están pidiendo asilo en Estados Unidos y 40 mil en Canadá”.

El diputado indicó que el Estado no ha sido solidario con los mexicanos que han dejado sus hogares, y destacó que una gran cantidad de ellos pierden su identidad, ya que al llegar a una nueva comunidad, por miedo, ocultan su nombre y con ello, pierden su derecho a ser integrados en la sociedad y los beneficios que ellos conlleva.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación, Agustín Castilla Marroquín (PAN), indicó que la preocupación de los desplazados es la presencia del crimen organizado, “pero se requiere tener un diagnóstico certero para tomar medidas”, dijo al señalar que no se puede acusar al gobierno federal de tratar de retomar el control de algunos espacios que habían pasado a manos de la delincuencia organizada, y enfatizó que la estrategia tiene que pasar a otra etapa.

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Arturo Santana Alfaro, del grupo parlamentario del PRD, indicó que las cifras que maneja Naciones Unidas se quedan cortas, ya que se tiene registro de más de 230 mil desplazados en 2011.

“El Centro para Monitoreo para desplazados con sede en Ginebra, Suiza, ya lo había documentado. Pudiéramos pensar que se está quedando bajo de lo que está sucediendo, ya que tenemos un registro de 230 mil desplazados”, dijo.

 

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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