Conecta con nosotros

México

Piden destituir a Jaime Rodríguez; acusan al Bronco de desviar dinero

Un día después de que se hizo público en la plataforma Change.org la recolección de firmas para destituir al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, la petición superaba las seis mil firmas.

La solicitud para remover al mandatario estatal está dirigida al Congreso local y es promovida en esa plataforma por el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, bajo el título “Destitución del gobernador de NL, Jaime Rodríguez Calderón”.

En la información que publica Change.org para sustentar la petición de destitución se lee “El Bronco desvió recursos del estado de NL para su campaña presidencial”.

Se argumenta que, por 120 días, 572 servidores públicos, entre médicos, agentes del MP y policías estuvieron recabando firmas para “su patética campaña del mochamanos, en días y horas laborales”.

Los legisladores locales de NL tienen como plazo hasta el 20 de diciembre de 2019 para sancionar al mandatario estatal, destituirlo o inhabilitarlo.

“La exigencia se fundamentó en que apenas el 1 de agosto, la Sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Poder Legislativo de Nuevo León está obligado a sancionar al mandatario por desviar recursos para obtener firmas en su campaña presidencial de 2018”, se lee en Change.org.

Aunque Jaime Rodríguez ha asegurado que el Congreso local no lo puede sancionar y menos aún remover del cargo, Durango tiene un antecedente legal en ese sentido.

Y es que en dicho estado los legisladores sí ordenaron la destitución del alcalde de la capital, José Ramón Enríquez Herrera, a quien además se le aplicó una multa por incurrir en un delito electoral.

Con ese antecedente, el Congreso de Nuevo León tiene elementos para destituir y sancionar al gobernador por haber utilizado a 572 empleados estatales para recabar firmas para su campaña por la Presidencia.

El delito ya fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los legisladores locales deben acatar la sentencia a más tardar en diciembre.

Los datos

El gobernador de Nuevo León pidió licencia para contender como candidato independiente a la Presidencia, para lo cual el INE le exigía juntar casi 867 mil firmas.
El Bronco puso a buscar firmas y credenciales al aparato burocrático de NL y presentó más de 2 millones de firmas.
El INE le señaló una serie de anomalías, pero el TEPJF le dio el aval y finalmente apareció en la boleta electoral.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto