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Piden diputados implementar el servicio de atención psicológica al 911

La Sexagésima Sexta Legislatura de Chihuahua, exhortó de manera urgente a los titulares de la Secretaría de Gobernación Federal, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a los que integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública, implementen el servicio de atención psicológica, dentro del Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, que lleva a cabo el Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia, bajo el número 911.

En México, los epidemiólogos han reportado un aumento en las muertes por suicidio en las últimas cinco décadas, señaló el diputado del PAN, Luis Aguilar Lozoya, iniciador del exhorto enviado a las diferentes dependencias federales antes mencionadas.

La petición aprobada de manera urgente por las y los integrantes de la Diputación Permanente, la sustentó al informar que el suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años.

Agregó que dichas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes, que los casos consumados.

Según datos de la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, los servicios de intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos son pieza clave en la prevención del suicidio, por los que es importante considerar la implementación del servicio antes mencionado, dentro del servicio que otorga el 911; señaló el Legislador.

“El simple hecho de encontrar tras el teléfono a alguien que puede escucharte, que no te está juzgando, que puede comprender lo que te está pasando y orientarte respecto a opciones que tú no querías, ya es mucho”; cualquier crisis no tratada puede desembocar en un trastorno de estrés postraumático o, incluso, en suicidio.
El Legislador culminó su participación, al enfatizar que: “es de trascendental importancia establecer parámetros más cercanos con el ciudadano, en este tema tan sensible como lo es la salud mental, e ir canalizando a las instituciones todo aquello que auxilie de la mejor forma posible para que los índices de suicidio en México se reduzcan a una tasa cero”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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