Con la finalidad de evitar los ‘elefantes blancos’ en la obra pública, la subcoordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacional, Maru Campos Galván, propuso modificar el Código Penal del estado para sancionar como fraude a los contratistas y servidores públicos responsables de obras inconclusas.

Maru Campos indicó que así como una obra de infraestructura siempre trae beneficios a la comunidad, también es cierto que una de las peores inversiones de las administraciones de cualquier esfera son aquellas obras inservibles.

«Es inverosímil e irresponsable que millones de pesos se vayan a la basura por falta de cuidado e interés por parte de las empresas constructoras o por los mismos servidores públicos que muchas veces dejan los proyectos a su suerte», indicó la subcoordinadora parlamentaria del PAN en el Congreso del estado.

Las obras paralizadas que se abandonan sin mayor explicación, explicó, así como las que no se terminan en el plazo que se pactaron, «perjudican no solo las arcas públicas, sino en algunas ocasiones complica el tránsito vehicular, comerciantes ven mermadas sus ventas, además, estos espacios o infraestructura se convierten en un eminente riesgo para la integridad física de la población».

«No se puede jugar con la esperanza de la gente y con el dinero público, el cual, debe ejercerse y protegerse con mayor responsabilidad, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas y con los postulados que rigen la actividad administrativa desde el inicio, culminación y ejecución de la obra», dijo.

La legisladora de Acción Nacional recalcó que el incumplimiento de los contratos de obra pública constituye un hecho «particularmente grave para el interés público, pues los recursos con los que se solventan este tipo de obras provienen del dinero de todos».

«Con el ánimo de allanar caminos en este tema, la presente iniciativa versa en el sentido de reforzar nuestra legislación punible para incorporar como delito de fraude especifico a quien Incumpla con los términos contractuales, respecto a la ejecución de la obra contratada; asimismo, se agrava la pena en una tercera parte, destacando que este  ilícito se perseguirá de oficio, a fin de que cualquier particular este en aptitud de denunciar», concluyó.