La Sexagésima Cuarta Legislatura exhortó a los titulares de la Dirección de Vialidad y Tránsito dependiente de la Fiscalía General del Estado, y de la Dirección de Transporte dependiente de la Secretaría General de Gobierno, a efecto de que omitan solicitar el certificado de antecedentes penales dentro de los requisitos para poder obtener una licencia de conducir de carga.
Fue la Junta de Coordinación Parlamentaria la encargada de analizar y dictaminar esta iniciativa, y al entrar en estudio, se verificó que dicho documento no está reglamentado para ser requerido en la solicitud del tipo de licencia antes señalado. 
Es por esto que el solicitarlo excede a los requisitos que se encuentran legislados, no siendo aplicable al caso concreto la referencia de la costumbre como fuente del derecho, ya que necesariamente para tal efecto, se habría iniciar el proceso legislativo para su adopción legal, lo cual sería incongruente con los avaneces que en todos los sentidos se han logrado en materia de derechos humanos y de discriminación en este caso. 
La exigencia señala que para la obtención de la licencia es violatoria del Artículo 18 de la Carta Magna en lo relativo a la reinserción social que quienes hayan sido declarados por un juez a pena privativa de libertad, el Congreso del Estado de Chihuahua, por medio de la Sexagésima Tercera Legislatura, aprobó el Decreto 1388/2013, en su Período Extraordinario de fecha 26 de septiembre del año 2013, donde se reforman algunos artículos de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, con el propósito de establecer el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, dependiente de la Fiscalía.
Dicho patronato se creó para los fines de asistencia post penitenciaria, teniendo como objeto el prestar asistencia jurídica, moral, económica, médica, social, laboral, y recomendar el beneficio de reserva de la información en el certificado de antecedentes penales para efectos empresariales, a las personas que gocen de cualquiera de los beneficios previstos en la Ley, o que hayan sido puestas en libertad definitiva. 
Por último, es importante mencionar que fue la diputada Laura Domínguez Esquivel, Sub coordinadora del GPPRI, que en representación de la Junta de Coordinación Parlamentaria presentó al Pleno Legislativo el acuerdo en mención.