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Piden ONG’s a Relator apoyo para la protección a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos

Periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, expresaron su preocupación por las serias deficiencias que presenta la Iniciativa de Ley de protección para periodistas y personas defensoras, por lo que entregaron una serie de documentos en donde describieron dichas fallas y se presentan recomendaciones y se solicitó que la Ley que se apruebe en el Pleno del Congreso Estatal, cumpla con ciertas características que garanticen la protección a periodistas y personas defensoras.
Ante la presencia del Relator especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para la libertad de expresión y opinión, Edison Lanza y Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, periodistas y organizaciones informaron las problemáticas a las que se enfrentan los periodistas chihuahuenses, de violencia y agresión, no sólo por los grupos de poder de facto (narcotráfico), sino por el mismo gobierno, pues en muchas ocasiones los primeros ataques que los comunicadores reciben al realizar su labor investigativa e inquisitoria, son precisamente la difamación y el hostigamiento por parte de funcionarios públicos y en muchas ocasiones, aliados con medios de comunicación.
También se explicó al Relator, cómo trabajan las organizaciones defensoras de derechos humanos: no sólo se debe enfrentar el estigma propiciado por funcionarios públicos, sino el de ser objeto de amplias campañas de desprestigio encabezadas por sus aliados en los medios de comunicación.
Estos ataques pueden escalar hasta la muerte. Y justo hoy que se conmemoran los tres meses del asesinato de Miroslava Breach Velducea, periodistas y personas defensoras de derechos humanos exigieron con énfasis a las autoridades del Estado Mexicano que tomen a su cargo la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Que se cree una Ley que delinee perfectamente las obligaciones de la función pública en las acciones de protección y prevención; que integre medidas de reconocimiento al trabajo de las y los periodistas que son objeto de agresiones, pues el descrédito y la calumnia generan un ambiente en el que parece permisible atacar a personas que con su trabajo permiten a la sociedad el ejercicio de sus derechos humanos.
Asimismo, se observa en la Iniciativa de Ley que hoy se discutió es limitativa y condicionante para las personas que acudan a las autoridades a pedir protección; no contiene estrategias de reconocimiento para el trabajo de periodistas y personas defensoras; no se apega a los marcos legales a nivel internacional; es inquisitiva y desacredita el riesgo denunciado por las víctimas y de manera inaceptable, establece obligaciones y un código de conducta para periodistas y personas defensoras.
Además, la Ley debe abarcar más que la protección a personas defensoras y periodistas: debe reconocer el derecho autónomo de defender los derechos humanos, contemplar el reconocimiento de derechos de estas personas defensoras, así como las obligaciones del Estado.
De acuerdo con la Declaración sobre Personas Defensoras de los Derechos Humanos, el concepto «defensoras/es» incluye también a trabajadores de medios de comunicación, periodistas, líderes sociales y cualquier otra persona que trabaje por la procuración o realización de un derecho humanos, por lo que la Ley debe ser incluyente y amplia, en el sentido de contemplar la protección para cualquier otro grupo que se encuentre en situación de vulnerabilidad en un momento determinado.
Las y los participantes de la Consulta, rechazaron la creación de un mecanismo local de protección, puesto que ello diluye la responsabilidad de la Federación en el tema e implica la creación de más instancias burocráticas. El Gobierno Federal debe hacerse cargo de las acciones de protección, prevención y garantizar el acceso a la justicia, a las víctimas de agresiones.
Se deben incluir también a la ley, instrucciones claras para organizar toda la estructura del Estado, para que, de ser necesario, la protección esté garantizada a través de la colaboración y la coordinación de todos los niveles de gobierno, con independencia de cuál organismo requiere la implementación de medidas.
Por lo anterior expuesto, las y los periodistas chihuahuenses, así como las personas defensoras de derechos humanos que participaron en esta consulta, a la par, en la Alerta preventiva de protección, solicitaron al Relator especial de la CIDH para la libertad de expresión y opinión y al Representante del Alto Comisionado de la ONU:
· Que él y su equipo brinden asesoría técnica en el tema de regulación oficial.
· Que él y su equipo brinden asesoría técnica en alcance y contenido de campaña en reconocimiento a periodistas y personas defensoras.
· Que se pronuncie en el Foro del Congreso en contra del fideicomiso de periodistas para garantizar la imparcialidad.
· Cabildear el tema de una posible audiencia temática.
· La ley debe tener como finalidad no sólo la protección, sino el reconocimiento a la labor que incluya aspectos como reconocimientos, atribuciones y deberes de funcionarias y funcionarios, así como la erradicación de obstáculos para el ejercicio de su profesión y/o labor.
· Incluir un concepto amplio acorde a otras profesiones, que no límite ni categorice, sino que incluya a cualquier persona que promueva o defienda algún derecho humano.
· Crear desde cero, una nueva iniciativa de Ley que se base en la Ley modelo del International Service for Human Rights.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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