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Piden prisión preventiva y desafuero para Cristina Fernández de Kirchner

El juez federal de Argentina, Claudio Bonadio, inició hoy el procesamiento con prisión preventiva y su desafuero del Senado para la ex presidenta y ahora senadora, Cristina Fernández de Kirchner. (Reuters)

El juez federal de Argentina , Claudio Bonadio, inició hoy el procesamiento con prisión preventiva y su desafuero del Senado para la ex presidenta y ahora senadora, Cristina Fernández de Kirchner .

El diario El Clarín señala que el juez consideró que debido a sus contactos, la actual senadora «puede entorpecer la causa» que investiga el encubrimiento de un atentado antisemita.

El magistrado federal solicitó al Senado que inicie inmediatamente el proceso de desafuero de la ex mandataria, electa en la Cámara alta en las elecciones de octubre pasado.

Además, hoy la justicia argentina detuvo a dos importantes aliados políticos de la ex presidenta, Carlos Zannini y Luis D’Elia.

Zannini, ex secretario del área legal y técnica del Gobierno de Fernández y candidato a vicepresidente en las últimas elecciones presidenciales, fue arrestado en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, mientras que el dirigente político D’Elia fue detenido en una localidad de Buenos Aires.

La detención de estos dos aliados de Fernández se da en momentos en que otros ex funcionarios están siendo investigados o han sido detenidos por la justicia.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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